El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz
El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz - ICAL

El PP «anima» al PSOE a ir al Constitucional por el «caso» Maroto

Igea responsabiliza a los socialistas de la designación del vasco por no haber retirado a sus candidatos

Valladolid Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, dijo ayer que el PSOE «puede gastar el dinero en abogados si lo tiene» para que investigue el empadronamiento del vicesecretario de Organización y exalcalde‘popular de Vitoria, Javier Maroto, para ser senador por designación autonómica en Castilla y León. En este sentido, añadió que luego «verán qué es lo que dice la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto», argumentó.

Así lo puso de manifiesto en los pasillos de las Cortes minutos antes de las votaciones para constituir las distintas comisiones parlamentarias, donde expuso que «lo evidente es que el empadronamiento es una cosa y el domicilio es otra, y el concepto de vivienda habitual a efectos fiscales y administrativos es distinto».

«El señor Maroto ha cumplido con lo que dice la ley como cualquier castellano y leonés que reconoce su empadronamiento en un municipio de Castilla y León, lo cual por cierto es también requisito para ser procurador en esta Cámara», argumentó.

Además, criticó el hecho de que el PSOE votara en contra de la candidatura conjunta que se presenta en las Cortes para elegir los senadores por designación autonómica, donde también estaban los finalmente elegidos senadores socialistas Teresa López y Fran Díaz. «Pudieron retirarla pero no lo hicieron por que sencillamente preferían montar un ‘paripé’ con Javier Maroto, sencillamente para obtener ruido mediático, y eso, sí, asegurarse que sus dos candidatos salían elegidos», apuntó.

Raúl de la Hoz respetó que el PSOE pueda cuestionar la elección de Maroto como representamte de Castilla y León en la Cámara Alta, pero dijo que le «generaría más credibilidad si piden disculpas» por el hecho de que en su día el socialista Óscar López fuese senador por esta Comunidad , tras «unos cuantos años sin vivir en Castilla y León aunque sí empadronado en Riaza, donde parece ser que sus padres tenían una casa pero nunca vivió allí, ni fue residente habitual como él mismo ha reconocido».

Igualmente, señaló que el PSOE debe explicar también «cómo es posible» que Luis Tudanca, portavoz del Grupo Parlamentario, resida en León y viva en Burgos, y la viceportavoz, Virginia Barcones, viva en Berlanga de Duero pero esté empadronada en la capital soriana.

Sobre este asunto también se pronunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que anunció que en las «próximas semanas» se presentará la reforma de la ley que regula el modelo de elección de los senadores por designación autonómica, tras la polémica por la designación de Maroto y en la que se establecerá la necesidad de haber sido elegido como procurador para optar a ir a la Cámara Alta. Igualmente, Argumentó que la designación de Marotos en las Cortes, junto a los socialistas Teresa López y Fran Díaz, se produjo porque el Grupo Socialista no retiró a sus candidatos. Esto, remarcó el vicepresidente de la Junta y procurador, hubiera evitado que el dirigente vasco se convirtiera en senador por la Comunidad de Castilla y León.

«Igual de mal»

El líder de la formación naranaja fue incluso más allá al señalar que si le parece «mal» la designación de Maroto, también «es igual de mal» la de Teresa López, exalcaldesa de Medina del Campo, porque si el primero no logró el acta de diputado, la líder del PSOE de Valladolid «perdió muchos concejales y no tuvo el apoyo de los ciudadanos».

Mientras, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, se salió ayer de su papel institucional para afirmar que el PP y Javier Maroto son «quienes tendrán que dar explicaciones» sobre «el respeto y la seriedad con la que tratan una norma tan importante como el Estatuto de Autonomía de Castilla y León», después de que el PSOE anunciara que da una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para dar de baja en su censo al vicesecretario de organización popular.