El CES pide frenar la instalación de parques renovables en zonas de «explotaciones agrarias viables»

Se trata de una de las recomendaciones establecidas por el CESCyL en el informe previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, recogido por Ical.

Según el CESCyL, aún siendo «conscientes del valor de las energías renovables» por ser «positivas para el desarrollo sostenible al mitigar el impacto de la sociedad en el medio ambiente y los efectos del cambio climático», así como «favorecer la cada vez más valorada independencia energética», la institución castellano y leonesa también llama a las administraciones a «no olvidarse de la importancia del sector agrario en Castilla y León».

Es este el motivo por el que solicitan medidas para evitar que las instalaciones eléctricas en la Comunidad se ubiquen en explotaciones agrarias viables o prioritarias, así como la creación de una comisión interconsejerías de la Junta para conseguir «el pertinente equilibrio» entre la instalación de plantas de energías renovables con la producción agrícola. También llaman desde el CES a «evitar la concentración de las infraestructuras de producción de energía mediante los instrumentos urbanísticos pertinentes» así como a «favorecer la implantación de sistemas de autoconsumo energético» para lograr «un modelo basado en la actividad agraria sostenible».

Esta recomendación del CESCyL ha contado con el voto particular contrario de los representantes de CEOE Castilla y León en el CES , bajo la premisa de que el establecimiento de una prohibición de ubicar instalaciones eléctricas en ciertas zonas iría en contra del «desarrollo industrial y la generación de empleo» que, a juicio de CEOE-CyL, lleva aparejada la instalación de plantas de energías renovables en Castilla y León, «una oportunidad económica que no se puede perder».

Consideran además desde CEOE que «no se puede prohibir una actividad sin fundamentarla en un derecho y el derecho a explotar una instalación agropecuaria no prevalece sobre el derecho a instalar una eléctrica», dado que ambas «son actividades que generan riqueza y una no puede ser causa de exclusión de la otra».

Apuntan asimismo desde la patronal castellana y leonesa que establecer medidas por las que prevalezca la actividad agraria sobre la instalación energética «entraría en conflicto con el artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico» y la prohibición de realizar instalaciones eléctricas «sin más fundamento» resultaría «contraria al artículo 149 de la Constitución Española».

CEOE-CyL también recuerda que los titulares de los terrenos agropecuarios «deben tener la libertad de decidir» y manifiestan que «la agricultura no es incompatible con las instalaciones eléctricas», dado que ambas «pueden coexistir y generar riqueza».

No obstante, el resto de conclusiones y recomendaciones del CES en relación al Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León sí promueven facilitar este tipo de instalaciones en la Comunidad al mantener que se debe buscar «la mayor agilidad posible en la tramitación y gestión administrativa de los procedimientos regulados».

En ese sentido, el CES recomienda acortar los plazos para el otorgamiento de los permisos, realizar de forma simultánea los distintos trámites necesarios o dotar de los medios de personal necesarios a la Administración para que puedan cumplir con los plazos establecidos de concesión. También aprovechar la digitalización y los procesos telemáticos para ello, promover la máxima coordinación entre las entidades locales, la Comunidad autónoma y el Ministerio correspondiente, y valorar, en relación a los proyectos que afecten a varias provincias, la tramitación del procedimiento como expediente único.

En cualquier caso, el Consejo Económico y Social castellano y leonés recuerda que «no pueden existir instalaciones eléctricas, ni mucho menos autorizarse las mismas, sin que exista un cumplimiento estricto de la normativa relativa al patrimonio natural y la protección del medio ambiente, del patrimonio histórico-artístico o cultural, de la ordenación del territorio y del patrimonio arqueológico». Por último, el CES de Castilla y León recuerda la urgencia de instaurar «un proceso de diálogo eficaz sobre la política energética».