La Perla Negra sienta desde hoy en el banquillo a la excúpula de Economía

Prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración son los delitos por los que están acusados excargos de las empresas públicas desde donde se impulsaron las operaciones-como el exdirector de división de creación de empresas, internacionalización y servicios de ADE, Alberto Esgueva-, así como empresarios que pudieron beneficiarse de las mismas y ex altos cargos como el delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y los que fueran mano derecha del fallecido Tomás Villanueva cuando estaba al frente de Economía, sus exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández , Para estos tres últimos, la Fiscalía pide la pena más elevada, once años de prisión.

Se prevé que las declaraciones de los acusados se sucedan hasta el 17 de marzo y a partir de allí hasta noventa testigos y peritos citados por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial vallisoletana desfilarán por la Sala de Vista para testificar sobre los enrevesados pasos de dos operaciones que se circunscriben entre 2005 y 2011 y ante las que darán cuentan otros exaltos cargos del Ejecutivo. Así acudirán a declarar la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, o el ex delegado de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, quien en fase de instrucción señaló cómo ante lo sospechoso de la operación relativa al Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) decidió dar la voz de alerta a los de arriba. En concreto, al que fuera entonces el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que está citado para finales de mes.

Las supuestas irregularidades afloran, según puso de relieve el juez instructor del caso, desde el inicio cuando la empresa que resultó adjudicataria contaba presuntamente con el proyecto antes siquiera de salir a concurso la edificación de un inmueble cuyo uso se planificaría después como un arrendamiento a quince años por cien millones pese a que había sido tasado en menos de la mitad.

La operación se encarrilaría después hacia la compra, pero la Fiscalía aprecia aún así no sólo un sobrecoste respecto al precio tasado -se pagó 60 millones cuando su valor considera que no debió superar los cincuenta-, sino también facturas posteriores por valor de diez millones de euros. Tampoco se siguió el procedimiento pautado en lo que respecta a un mobiliario interior que costó 4,4 millones de euros y fueron adjudicados a Unifica -la empresa que reformó la sede del PP en Génova- sin que mediara concurso. Todo ello en una operación que entiende el Ministerio Público que fue orquestada desde la Consejería de Economía con el ánimo de beneficiar a varias mercantiles afines -como Urban Proyecta- a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León.

La citada empresa vuelve a salir a la luz en el otro presunto ‘pelotazo’. En el parque empresarial, la Fiscalía llama la atención sobre un considerable incremento del precio de las fincas de Portillo en mas de tres millones de euros a raíz de las actuaciones «concertadas» por los acusados que, con ventas en cascada por parte de Urban Proyecta y Parque Empresarial de Portillo, los terrenos incrementaron su coste de mano en mano hasta ser adquiridos por una empresa pública autonómica.

Las peticiones de penas varían considerablemente según las partes incluso entre los principales imputados. Si Fiscalía estima once años para Delgado, Hernández y Sacristán, la Junta, acusación particular, comparte el reclamo para el primero de ellos, lo reduce a cuatro años para la segunda y no solicita condena para el tercero. Desde la acusación popular. ejercida por el PSOE, piden 34 años para los dos primeros y once y medio para el ex delegado de Gesturcal.

La Fiscalía dirige acusación contra otros nueve supuestos implicados. Para los empresarios Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González solicita seis años de cárcel por un delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias; mientras que reduce la pena cuatro años para el exdirector gerente de Gesturcal, Salvador Molina, y el empresario Francisco Armero por un delito continuado de malversación de fondos públicos. Además, se estima de forma de forma conjunta entre los doce que desde hoy se sientan en el banquillo una indemnización a la administración autonómica superior a los 16 millones de euros en concepto de la cantidad que se pudo desviar en favor de las empresas implicadas.

Aunque inicialmente y de acuerdo al procedimiento habitual las declaraciones de testigos como Juan Vicente Herrera no iban a poder ser grabadas y difundidas -generalmente sólo se permite la toma de imágenes en juicios de los primeros minutos de cada sesión y de los interrogatorios a los acusados-, finalmente la señal que desde la Audiencia Provincial se remita a los medios de comunicación para el seguimiento del juicio podrá ser reproducida por completo.