Los «paralelismos» entre Sijena y el Archivo de Salamanca

Ante la petición realizada por la Asociación Salvar el Archivo para que «en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña se devuelva la documentación del Archivo de la Guerra Civil que la Generalitat mantiene de forma indebida en su poder», Fernández Mañueco se ha referido al procedimiento judicial que está en marcha y a la reclamación de los documentos realizada desde la asociación, el Ayuntamiento, el Senado y las Cortes de Castilla y León, «pero la Generalitat ha hecho caso omiso».

En este sentido, insistió en esperar a que un juez «dicte una resolución para que vuelvan los documentos o se queden allí», puesto que «si algo hemos echado en cara a los nacionalistas es la búsqueda de recovecos al Estado de Derecho, por lo que debemos ir con el Estado de Derecho, sin buscar atajos», esperando así «una resolución judicial como en Sijena o una decisión del Gobierno de la Generalitat en plena capacidad política, no en funciones».

Por su parte, el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, recordó el envío de una misiva a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáez de Santamaría, para que le informe sobre «la fecha exacta» en que ordenará la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca e hizo hincapié en que «nadie podría comprender que mientras se mantenga en vigencia el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, el Gobierno de España no cumpla lo que exigió cumplir a la Generalidad de Cataluña».

Hace unos días, el invesigador recordaba que desde que se produjo esa sentencia, «el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte escribió en cinco ocasiones a la Generalitat exigiendo el cumplimiento de la sentencia y la devolución de los documentos que tenía indebidamente en su poder». «Las cartas nunca obtuvieron respuesta», adujo.

Sin embargo, para el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca el propio envío de las cartas, así como l a moción aprobada por mayoría absoluta en el Senado el pasado 24 de abril, «obliga» al Gobierno a realizar la devolución durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña puesto que «nadie podría comprender que mientras se mantenga en vigencia el 155, el Gobierno no cumpla lo que exigía cumplir a la Generalitat».

Asimismo recordó que siendo Sáenz de Santamaría quien llevaba las negociaciones para el traspaso del Gobierno con el socialista Ramón Jáuregui, el alcalde de Salamanca le pidió a Policarpo Sánchez «un informe para detallar las irregularidades de los anteriores envíos» de cara a poder enviarselo a la hoy vicepresidenta el Gobierno «para tener un argumento» para paralizar el envío, algo que finalmente ocurrió, informa Ical.

«En esa colaboración quedó pendiente lo que pasó con el resto de envíos anteriores que afectan a familias de 23 provincias españolas de fuera de Cataluña», explicó Sánchez, quien por ello pide ahora a la vicepresidenta del Gobierno que «devuelva los documentos para calmar el dolor de esas familias, cumplir la ley y acatar la sentencia del Tribunal Constitucional».

Entre esos en torno a 400.000 documentos que pide Sánchez , se encuentran « por un lado los no catalanes , y por otro los que no se pudieron devolver a sus legítimos propietarios porque no existen».