Una nueva sentencia respalda en Salamanca el modelo laboral de «autónomos» de Glovo

Así lo ha informado la compañía, que ha precisado en un comunicado que los dos últimos fallos han sido dictados por los juzgados de lo Social de Salamanca y Barcelona, que coinciden con Glovo en que los llamados «riders» son autónomos.

El goteo de resoluciones judiciales con la firma como protagonista se ha acelerado en las últimas semanas, aunque por el momento se trata de casos individuales.

De hecho, todo el sector de las empresas de reparto a domicilio está pendiente de la decisión de los tribunales en dos procesos colectivos iniciados contra Deliveroo en Valencia y Madrid a instancias de la Inspección de Trabajo, que considera que en realidad los repartidores son «falsos autónomos».

Según Glovo, los fallos judiciales de Salamanca y Barcelona apuntan a que la vinculación con los «riders» no se corresponde realmente con una relación laboral, ya que era el trabajador «quien tenía el dominio completo de su actividad» y no estaba «sometido a un horario, ni a una jornada».

De acuerdo con estas mismas fuentes, ambas sentencias aseguran que los repartidores podían rechazar encargos a horas a las que inicialmente habían avanzado que estarían operativos «sin sufrir por ello penalización alguna por parte de la compañía».

Decidir efectivamente si el rechazo de pedidos acaba por perjudicar -directa o indirectamente- al trabajador fue una de las claves del juicio celebrado en Madrid contra Deliveroo, ya visto para sentencia.

Tanto Glovo como otras empresas del sector han reclamado al Gobierno iniciar una negociación para crear un «nuevo marco legal» adecuado a este tipo de firmas digitales.

Glovo -nacida en Barcelona en 2015- se vio envuelta en una intensa polémica después del fallecimiento el sábado 25 de mayo de un repartidor que entregaba uno de sus pedidos en un accidente de tráfico ocurrido en la Ciudad Condal .

Los responsables de la compañía han incidido hoy en que las últimas resoluciones judiciales «refuerzan» su modelo de negocio y han lamentado que España sea el «único país en el que se están judicializando los casos».