La ley que compensará las pérdidas por el Ingreso Mínimo, en diciembre

Sin embargo, el IMV creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos económicos de la pandemia, no es compatible, por el momento, con la percepción autonómica, dándose la paradoja de que el primero, en muchos casos, es inferior al segundo, con lo que ello supone de perjuicio económico para los beneficiarios.

Con el ánimo de acabar con esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de Ley de modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que busca hacer compatibles ambas prestaciones. Según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, la previsión es que la ley pueda ser aprobada por lectura única, de forma que sólo necesitará un pleno en las Cortes autonómicas para su tramitación, por lo que la previsión es que pueda entrar en vigor en diciembre.

No obstante, Blanco aclaró que hay 450 familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital pero con una cantidad inferior a la que percibían por la Renta Garantizada, lo que ha llevado a la Junta a habilitar una subvención de 340.000 euros para compensarlo.

La consejera de Familia detalló que, en total, 36.908 familias de la Comunidad han solicitado el IMV hasta el 16 de octubre. De ellas, 6.888 son beneficiarias, a 5.588 les fue denegada, 9.026 fueron inadmitidas y el resto está aún por tramitar. En cuanto a la Renta Garantizada, los perceptores ascienden a 3.004.

Isabel Blanco anunció la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por PP y Ciudadanos en las Cortes autonómicas para regular la teleasistencia avanzada, un servicio gratuito que permitirá conectar la historia social, clínica y hospitalaria de los usuarios. También ofrece toda clase de aparatos para garantizar su seguridad (detección de humos y de movimiento) y el contacto permanente en caso de requerir asistencia, además de recordar las citas sanitarias.

En la actualidad, más de 26.000 personas disponen de teleasistencia, de las que 14.000 tienen reconocido algún grado de dependencia. El objetivo es conseguir que este servicio esté regulado como un derecho de los mayores que les permitirá «seguir viviendo en sus domicilio con la tranquilidad de todos», destacó Isabel Blanco.