Junta y Gobierno firman un acuerdo para movilizar 5.250 millones en viviendas
Beatriz Corredor, entre Juan Vicente Herrera y Antonio Silván. F HERAS

Junta y Gobierno firman un acuerdo para movilizar 5.250 millones en viviendas

MONTSE SERRADOR | VALLADOLID
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, rubricaron ayer un acuerdo en Valladolid por el que se pretende que el stock de viviendas de la Comunidad -cifrado en 30.000- pueda convertirse en viviendas de protección oficial y facilitar así su venta.

Esta medida, según señaló el presidente de la Junta, además de facilitar el acceso a la vivienda a otrs tantas familias de la Comunidad, permite movilizar 5.250 millones de euros, con lo que ello supone, además de dinamizar el sector de la construcción y crear empleo.

El acuerdo fue firmado también por la la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, el Colegio de Notarios, el Decanato de Registradores, el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León y cinco entidades financieras: Caja Duero, Caja España, Banco Santander, BBVA y La Caixa. Fuentes de la Consejería de Fomento aseguraron que está abierta la posibilidad de que se sumen al acuerdo otras entidades.

Dentro del Diálogo Social

La iniciativa se enmarca dentro de los acuerdos del Diálogo Social alcanzados entre la Junta, la patronal Cecale y los sindicatos, de forma que el 13 de julio del pasado año se acordaron en este marco los criterios generales para convertir en VPO el stock de viviendas de la Comunidad.

Son susceptibles de acogerse a esta medida aquellas viviendas libres de nueva construcción que hayan obtenido licencia de primera ocupación y se encuentren pendientes de venta y cumplan los requisitos propios de una VPO en lo que a superficie y precio se refiere.

Además, los compradores y arrendatarios deberán cumplir una serie de condiciones de acceso a la vivienda: no ser titular de otras viviendas, estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Castilla y León y tener unos ingresos máximos que pueden alcanzar los 52.000 euros anuales, dependiendo del tipo de vivienda.

En cuanto a los compromisos que adquieren los firmantes del acuerdo, la Junta, a través de la Consejería de Fomento, se compromete a aportar los recursos económicos necesarios para la consecución del objeto del acuerdo. Además, realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas y facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas. También será la administración la encargada de tramitar y resolver la calificación o declaración siempre que se cumplan los requisitos. Finalmente, tramitará y resolverá las solicitudes de visados de los contratos así como los reconocimientos de las ayudas

Por su parte, el Ministerio de Vivienda aportará los recursos económicos previstos en el Plan de Vivienda 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará y facilitará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda en los términos y condiciones ofrecidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Una de las partes fundamentales del acuerdo es la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción, que se compromete a incluir en la aplicación que se instalará en la web de la Junta, las viviendas que actualmente se encuentran en stock . También remitirán a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición especificando su ubicación, planos de localización, características y plano de la vivienda, fecha de la licencia de primera ocupación, entre otros datos.

Por lo que se refiere a las entidades financieras, se comprometen a facilitar a los compradores, dentro de la evaluación de criterios de riesgo establecidos al efecto, la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento. Se incluye aquí el aspecto más polémico del acuerdo con el que los constructores, en principio, no estaban de acuerdo, como es que las entidades financieras también incorporen sus propios inmuebles. En un principio, los representantes del sector consideraban que esta medida provocaba una clara desventaja en favor de las entidades que son, en definitiva, las que conceden las hipotecas. Fuentes del sector señalaron que confían en que la supervisión de las dos administraciones evite que se produzcan estas situaciones.

Por último, notarios, registradores de la propiedad y gestores administrativos se comprometen a reducir sus tarifas un 40%.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, insistió en que este acuerdo «no debe entenderse en términos de negocio sino de oportunidad para un sector vital que está sufriendo».

En este punto, apostó por que se adopten medidas estructurales que eviten situaciones como la actual, entre las que incluyó la futura ley de Derechos de la Vivienda que elabora actualmente el Gobierno regional y que verá la luz en breve.