La Junta quiere implicar a los pueblos con ayudas para «impulsar» la ordenación

Así lo trasladó, acompañado por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, y por el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, a los miembros del Consejo de Cooperación Local, reunidos ayer en Valladolid. En una nota de prensa remitida a los medios, se informa de que en los próximos días se publicará una orden para que las futuras Mancomunidades de Interés General, «tanto urbanos como rurales», que se hayan creado o hayan iniciado «de forma indubitada» el proceso para su constitución pueden acceder a unos fondos cuya cantidad aún no se conoce, pero que se prevén de una alta cuantía debido a que el fin de las partidas no sólo podrá destinarse a gasto corriente sino que también irán dirigidas al capítulo de inversiones.

Lo novedoso del anuncio radica en que si las quince Áreas Funcionales Estables -lideradas por una ciudad de más de 20.000 habitantes y acompañados por sus alfoces- ya estaban aprobadas y la posibilidad de mancomunarse ya es real, las otras 171 zonas en las que la nueva ordenación quiere organizar el territorio no tienen el soporte legal necesario por esas diferencias políticas que parece -de momento- no tener fin y que impiden su aprobación. Sin embargo, y con el objetivo también de «no incrementar las desigualdades entre el medio urbano y el rural», De Santiago-Juárez ha tomado le decisión de «avanzar» en el desarrollo del modelo y que la cooperación económica vaya destinada a las zonas más despobladas.

Para ellas, se contemplan dos escenarios. El más optimista pasaría por la aprobación de la conflictiva ley -se necesita el sí de dos tercios de la Cámara- durante el periodo en vigor de la orden, que según dejó caer De Santiago-Juárez hace unas semanas podría ser hasta el verano. En este caso, los ayuntamientos que quieran acceder al dinero que les correspondería tendrían que aprobar en pleno un acuerdo favorable a la constitución de esa nueva mancomunidad y que otros municipios vecinos hicieran lo mismo hasta conjuntar la voluntad de al menos el 50 por ciento de los habitantes de cada área rural prevista.

La segunda posibilidad -más factible y «rompedora»- es que si la norma sigue sin aprobarse durante la vigencia de la línea de ayudas, los municipios rurales podrían acceder a ellas con los mismos requisitos que si lo estuviera, gracias a la Disposición Final primera de Ley de Ordenación del Territorio. Esta modificación del artículo 32 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León permite, según explicó ayer el vicepresidente en el Consejo, que los municipios rurales puedan expresar su deseo -con el «sí» del consistorio- de ser mancomunidades «si coinciden sustancialmente» con las Zonas Básicas de Salud -algo que en la realidad coincide en la práctica totalidad de los casos-.

El vicepresidente también informó de que, después de que la Junta se comprometiera a dar un tratamiento similar a las mancomunidades «tradicionales» que cumplan sus obligaciones legales y presupuestarias con las de interés general, la convocatoria prevé «una línea de apoyo económico» para ellas si también lo solicitan como en los anteriores supuestos .

Como consecuencia de los cambios introducidos, la Junta explicó que es necesario «configurar un nuevo escenario de cooperación económica local general que hará necesaria la modificación de la orden normativa que la sustenta y que marcará las condiciones de las próximas o futuras convocatorias de estas ayudas o subvenciones». Éstas responden, por una parte, -continúa- a la voluntad autonómica de incorporar elementos de flexibilización en la tramitación y gestión de las ayudas de la Cooperación económica local y, por otra, a flexibilizar el destino de las subvenciones, al incluirse que puedan destinarse indistintamente a inversiones u operaciones corrientes.