La Junta plantea una revolución territorial con la fusión de la mayoría de municipios

Con la premisa de intentar «recuperar el consenso» entre los grupos «y el resto de la sociedad» para continuar con la implantación del modelo ahora paralizado porque «no venimos a ponerlo patas arriba», Igea detalló su ambiciosa y rompedora estrategia que persigue el establecimiento de municipios con un tamaño mínimo en torno, por ejemplo, a 5.000 habitantes, lo que supondría reducir los 2.248 existentes en la actualidad a posiblemente menos de un centenar con la idea de que los que se fusionaran pasarían a convertirse en entidades locales menores como las casi 3.000 que hay ya en la actualidad en la Comunidad.

En su prolija exposición, anunció que en los próximos meses se presentará un proyecto de ley que establezca y regule el mapa de las Unidades Básicas de ordenación y Servicios del Territorio (Ubost) , donde aseguró que se acordará con todos los participantes en el proceso que son los 900.000 castellanos y leoneses que viven y trabajan en el mundo rural .

También presentarán un proyecto de ley de modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio —aprobada por PP y PSOE en 2013— que se guiará por el «gradualismo» para una «profunda transformación de la planta local, pero diferida en el tiempo, no inmediata», detalló, Precisó así que se trata de establecer las Mancomunidades de Interés Generales (MIG) rurales como «estación intermedia» antes de la transformación de éstas en nuevos municipios fusionados. También aseguró que mantiene la «voluntariedad» para constituir las MIG, «pero sólo en su momento inicial» porque «si para alcanzar el objetivo propuesto no fueran suficientes las vías de fomento de las mismas —vía subvenciones— contemplaremos la posibilidades de agrupaciones o fusiones forzosas».

Tanto Alicia Palomo (PSOE) como Pablo Fernández (Podemos) respondieron a Igea que no se van a encontrar en el modelo de ordenación propuesto, donde abogaron por servicios de calidad en el mundo rural. Tras escuchar su exposición, Palomo afirmó que su grupo está «alarmado» y criticó su «justificación para cerrar pueblos» . «Es muy serio, no es una gracieta», aseveró.

Rendición de cuentas, participación ciudadana, regeneración democrática y mejora de la eficiencia administrativa centraron, por otro lado, los principios de la transparencia defendidos por Igea, que para avanzar en ese principio anunció una «profunda reforma» de la ley de Transparencia para corregir carencias como la no inclusión de las entidades locales, la reutilización de la información y la reducción de las exigencias de los ciudadanos para el acceso al derecho a la información.

También, se detuvo en la reducción de la burocracia ya que existen todavía 488 autorizaciones que afectan a empresas y ciudadanos, de ellas 129 tienen previsto un plazo de resolución de tres meses y 169 no se tramitan y los afectados se tienen que desplazar hasta las dependencias. «Necesitamos menos normas, pero mejores», resumió.

La reforma urgente del Estatuto de Autonomía para suprimir todos los aforamientos , el reforzamiento de la protección de los informantes de delitos contra la administración —donde anotó tres informaciones reservadas abiertas de 20 denuncias—, y la creación de la oficina contra el fraude fueron otras de las medidas de regeneración a las que se refirió.

Por último, se refirió al Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León en el que se rechaza «cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia» . «La Memoria Histórica debe servir para honrar a las víctimas y aprender, no para separar, ni para reabrir heridas. Por eso reivindicamos a los no beligerantes, a los que no se dejaron arrastrar», aseveró.

Palomo y Fernández se mostraron «indignados» por los argumentos de Igea al hablar de la Memoria Histórica y estimaron que «se ha sumado al discurso de la ultraderecha más rancia de este país».