La Junta pide al Gobierno que autorice que Garoña siga hasta 2031

Ésta es una de las alegaciones que figuran en el escrito remitido por el Gobierno autonómico al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el procedimiento administrativo abierto para decidir el futuro de la central nuclear burgalesa , en el que podrán participar otras diez instituciones y organizaciones. El Ejecutivo también recuerda que no existe una alternativa económica en esta zona , donde es además la principal industria, según avanzó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, informa Ical.

En ese sentido, la Junta expresa su posición «totalmente favorable» a la explotación de la planta atómica, que se encuentra en situación de parada técnica desde diciembre de 2012, puesto que explica que de lo contrario se produciría una «merma» en la actividad económica y del empleo que según Del Olmo sería «inasumible« para Castilla y León. La consejera recordó que la central daba trabajo cuando estaba operativa a unos 600 trabajadores de forma directa, si bien en determinados periodos, como las revisiones o recargadas, puede alcanzar el millar.

Por ello, el Ejecutivo autonómico propone que la central esté operativa hasta el año 2031 , es decir, otros 14 años, de acuerdo -recalcó Pilar del Olmo- al último informe del CSN y a la revisión periódica que indican que la central cumple las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica. La titular de Economía señaló que son «determinantes» por lo que la Junta aboga por que se amplíe el periodo de funcionamiento.

«Queremos que se renueve la explotación hasta 2031», expresó la consejera sobre la autorización de la central, una cuestión que separó de la decisión que adopte Nuclenor sobre la reapertura, puesto que una de las empresas apuesta por retomar la actividad y la otra, por clausurar las instalaciones. De momento, insistió Pilar del Olmo, el proceso se encuentra en el punto de recogida de enmiendas de las once entidades personadas en el procedimiento administrativo.

Del Olmo, que explicó que la Junta envió sus aportaciones hace unos días sin esperar a agotar el plazo, explica que no existe en este momento un plan alternativo en materia económica a la explotación de la planta nuclear y que abarque a su área de influencia. La consejera apuntó que además es la única industria en el área geográfica en la que se ubica, en el norte de la provincia de Burgos. «Lleva muchos años conviviendo con nosotros», apostilló.

Por otra parte, la Junta insiste en su escrito en la importancia de la energía nuclear para la economía nacional , puesto que según Pilar del Olmo se ofrece a un «menor precio» en el mercado eléctrico que la producida por ciclos combinados de gas natural. Además, la consejera explicó que el Gobierno autonómico también advierte de que abandonar este fuente, que junto con el carbón, genera electricidad de forma más «barata» , puede provocar un incremento de la electricidad, con «consecuencias nada buenas» para la competitividad de la economía del país y el gasto de las familias.

También plantea que en Castilla y León cuenta con minerales autóctonos que proporcionan combustible a las centrales, como el uranio existente en la provincia de Salamanca. Además, el escrito hace una mención a la existencia de carbón en ««abundancia» en la Comunidad, que aseguró Del Olmo puede explotarse de forma competitiva si se realizan las inversiones necesarias en las centrales térmicas. Por último, la Junta insiste en que el carbón, junto con las nucleares, son las fuentes de energía «más baratas», por lo que su fin podría suponer para la consejera de Economía y Hacienda un «lastre» para la economía española.

Una vez superado este procedimiento de audiencia y estudiadas las alegaciones el Gobierno tomará una decisión. El CSN hizo público su informe el pasado 8 de febrero. Y a partir de esa fecha se abrió un plazo de seis meses para pronunciarse sobre la renovación o no de la autorización de explotación de la central nuclear. Las entidades personadas son, además de la Junta, el Parlamento Vasco, los gobiernos Vasco, de Navarra y La Rioja, la Diputación de Álava, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, la Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.