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La Junta ofrece el aval de Pisa a la región para facilitar el acuerdo educativo

FÉLIX IGLESIAS | VALLADOLID
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El Ministerio de Educación ha dado de plazo hasta mediados del próximo mes de enero para recibir las propuestas de las comunidades y comenzar a trabajar en un documento conjunto de cara al Pacto Nacional por la Educación.

El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, que acudió el pasado miércoles a una reunión sectorial de Educación monográfica sobre esta cuestión, tiene claro que «todas las comunidades quieren el acuerdo» y confía en la capacidad negociadora y conciliadora de todos los representantes regionales, pues se trata de «trabajar entre iguales y sin liderazgos».

Sin embargo, Juan José Mateos subraya que «Castilla y León tiene mucho que decir» en este campo. Los avales de informes como el conocido Pisa, que sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia en los resultados educativos en España y por encima de la media de la OCDE, así como los datos «del propio Ministerio de Educación» son las referencias castellanas y leonesas en este proceso, que se quiere concluir en esta legislatura y que encabeza el ministro del ramo, Ángel Gabilondo.El consejero de Educación asegura que cabe la posibilidad de «contrastar los resultados con otras autonomías» para que «las buenas prácticas ayuden a mejorar», por lo que recalcó que «ése es el espíritu que con el que vamos a afrontar este proceso y con el que vamos a trabajar».

Además, Castilla y León también puede presumir del Pacto por el Modelo Educativo de la Comunidad, avalado por todos los agentes sociales implicados en la enseñanza, incluyendo sindicatos, familias, empresarios y estudiantes.En su opinión, dado el grado de consenso entre el Gobierno central y los autonómicos en la obligación perentoria de aparcar las diferencias ideológicas para lograr unas bases sólidas y duraderas para la enseñanza en toda España, hasta este momento al albur de los sucesivos cambios en el Ejecutivo central, Mateos considera que probablemente «todos tengamos que dejar cosas por el camino» si se quiere que esta materia sea definitivamente un tema -deficitario en España frente a otros países de su entorno- de Estado.

Es más, el consejero subraya que «no será el acuerdo del Ministerio, sino del Ministerio y de las comunidades». Abundando en la necesidad de consenso, además de «descartar los maximalismos», quizá haya que «prescindir de los matices políticos para que todos puedan defender el acuerdo final, pues la Educación no es de derechas o de izquierdas». En este sentido, cree que cuestiones polémicas como los crucifijos en las aulas o la asignatura de Educación para la Ciudadanía no serán objeto del proceso, lo que no significa que se obvie la necesidad de resolverlos en estos foros.

Sin embargo, Mateos está convencido de que todos los consejeros, a pesar de ciertas políticas educativas de los últimos años, «estamos de acuerdo en que el sistema educativo tiene que avalar términos como igualdad, equidad, esfuerzo y calidad».