La Junta despliega todas sus armas legales para tratar de que se pueda cazar

«Por supuesto que lo vamos a recurrir», recalcó el consejero, quien avanzó que lo harán tanto ante esa instancia como ante otras superiores, como el Tribunal Supremo. Un doble objetivo en el punto de mira, al que se suma el «cartucho» en forma de Proposición de Ley firmada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos -únicamente los once procuradores que suman IU y Podemos se han desmarcado- para tratar de que la caza pueda seguir practicándose en Castilla y León.

«Iniciaremos todas las acciones oportunas para que sea reconocido por los tribunales lo que dice la Junta de Castilla y León», recalcó Suárez-Quiñones, quien, desde el respeto al pronunciamiento del Alto Tribunal, sí subrayó que lo «valoramos negativamente por la consecuencias» que tiene para la Comunidad. Algo, recordó, que es en lo que precisamente «se apoya» el voto particular, y contrario al auto, emitido por uno de los cuatro magistrados de la sala que ha estimado la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) y acordado, en consecuencia, la suspensión cautelar del decreto de 2018 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

Un voto particular que «para nosotros es importante» y «valoramos muy positivamente», ya que recoge de manera «contundente» y «muy fundada» los «planteamientos» de la Junta, resaltó Suárez-Quiñones. Aunque el «valor jurídico» es el del auto deja en suspenso el texto que fija qué especies pueden ser consideradas cinegéticas, ese disenso con el resto de la sala de uno de los magistrados sí supone para la Junta un «valor moral», apuntó Suárez-Quiñones.

Mientras la Junta dirige su munición por la vía judicial con el doble recurso anunciado, desde las Cortes también toman sus posiciones. Lo hacen con una Proposición de Ley que por vía urgente está previsto que reciba el visto bueno en el último pleno de la legislatura, que se celebrará el 26 y 27 de marzo. Un texto con el que «garantizar con rango de ley» el catálogo de especies cinegéticas y tener así una «garantía legal», destacó Suárez-Quiñones. Al adquirir rango de ley, únicamente podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, vía reservada al Congreso y Senado -con la firma de al menos 50 diputados y senadores- y la judicatura.

Aunque el consejero reconoció que apuesta por una reforma «integral» de la actual Ley de Caza, vigente 1996, y ya han dado los primeros pasos desde el punto de vista técnico para su modificación, justificó el paso de la Proposición de Ley por «intereses generales urgentes» que «no admiten demora». Y es que la resolución del recurso que interpondrá la Junta ante el auto del TSJ no se prevé que se resuelva de manera rápida ni invalida la suspensión cautelar del decreto de especies cinegéticas.

Es la «bala» en la recámara para tratar de garantizar que la próxima temporada de caza prosiga la actividad cinegética en Castilla y León. Y todo con otro con otro frente abierto en los tribunales: conocer el pronunciamiento por parte del Contencioso-Adminiatrativo del TSJ sobre la Orden Anual de Caza, recurrida también por PACMA. En estos momentos, señaló Suárez-Quiñones, esa orden «está en vigor» y en ella se «amparan» los permisos concedidos para especies que por su condición «especial» sí se pueden cazar fuera de temporada, como la cabra, el jabalí o el conejo, debido en los dos últimos caso a su elevada abundancia. Pero si el Alto Tribunal tumba también esa orden «no se podrá cazar» y ni siquiera dar nuevos permisos para esas especies ahora abatibles, apuntó Suárez-Quiñones.

El consejero incidió en que aunque en estos momentos la temporada ha «terminado» para casi todo, esa suspensión de la caza «sí» tendría «afectación», también desde el punto de vista del «problema» para la seguridad vial por los accidentes generados, así como los «daños» para la agricultura y la ganadería. Uno perjuicios que, como recordó, recoge el propio auto, que encomienda a la administración paliarlos. Pero, apostilló Suárez-Quiñones, ésta «no tiene una capacidad plena» para hacerlo. Además, el titular de Fomento y Medio Ambiente, recordó loa «beneficios de todo tipo» que genera la actividad cinegética, tanto desde el punto de vista económico, como de sanidad ambiental, así como el «indudable» para el «control» de las especies y para las protegidas. «Es beneficioso para todos, incluido el fin y el estado de todas las especies», recalcó Suárez-Quiñones en defensa de la actividad cinegética.