La Junta admite que recurre a alternativas «extremas» ante la falta de médicos

La portavoz de la Junta reconoció que la falta de profesionales ha obligado a la Consejería a recurrir a «alternativas extremas», como son las dos citadas, si bien aseguró que éstas, «son legales». Lo cierto es que desde 1995 una directiva comunitaria obliga a que en todos los países de la Unión Europea los médicos que quieran ejercer en el Sistema Nacional de Salud tengan una formación postgrado que, en el caso de España, equivale al MIR. Bien es cierto que es posible encontrar jurisprudencia en la que se reconocen que de forma excepcional se pueden saltar esta norma si es necesario para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, el colectivo de profesionales no consideran que se esté produciendo una situación de excepcionalidad cuando las dificultades por la falta de doctores no son de ahora y hace años que se viene advirtiendo de lo que podría suceder. En cambio, para Milagros Marcos, «hacen falta más profesionales», por lo que aseguró que «la Consejería no actúa de forma ilegal, sino que busca alternativa para garantizar la atención». Ante el caso de tres médicas del familia del Centro de Salud de Los Cubos, de la capital burgalesa, que han renunciado a sus empleos al no poder asumir el exceso de trabajo, Marcos reconoció que hay un sobrecarga y que «se buscan profesionales por todos los medios legales». «La Junta no puede contratar más médicos porque no los hay», insistió.

La consejera portavoz agradeció a los facultativos el «esfuerzo» que están realizando y aseguró que desde la Junta «se trabaja intensamente para que cuanto antes se convoque el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están presentes el Ministerio y las Comunidades, para «adoptar medidas que permitan tener más profesionales, porque no hay». En este sentido, se refirió a la convocatoria de más plazas MIR, la acreditación de unidades docentes para realizar la formación (serían los hospitales comarcales como los de Aranda de Duero y Miranda de Ebro), revisar la normativa básica para que haya más incentivos o agilizar el reconocimiento de los títulos de otros países.

Son actuaciones «urgentes», recordó la portavoz del Gobierno autonómico, que Castilla y León y otras siete comunidades ya han puesto sobre la mesa del Ministerio de Sanidad que dirige María Luisa Carcedo.