Un interno agrede a tres funcionarios en la cárcel de Soria al ser trasladado a una celda de aislamiento

Tras comunicarle su aislamiento durante el tiempo que permaneciera en el centro de Soria, y cuando se le trasladaba por una zona común de la prisión, acompañado de funcionarios, provocó un altercado con los funcionarios, al negarse a ser aislado. Tres funcionarios sufrieron lesiones en hombro, brazo y espalda, por parte del interno, que tuvo que ser reducido. Además, otros internos aprovecharon la situación para jalear al agresor e insultar a los funcionarios, lo que obligó a aislar a otros dos internos.

Los funcionarios de la prisión de Soria apoyan los seis días de huelga que han convocado los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias, para los días 24 y 26 de octubre, y 6, 8,13 y 15 de noviembre. El acuerdo fue aceptado de manera unánime en la asamblea celebrada la tarde de ayer miércoles, a la que asistieron una treintena de funcionarios, siendo ya 54 las firmas de adhesión a la huelga que se recogieron, y que implica también aceptar unos descuentos de nómina solidarios entre todos los funcionarios que participen, informa Ical.

Los funcionarios de la cárcel de Soria pidieron a los representantes sindicales que se mantenga la unidad sindical; que se informe de la propuesta conjunta de mínimos que se lleve a la negociación; que se priorice lograr el reconocimiento de agente de autoridad; y, algunos de los trabajadores, han pedido que se realice una votación en las plantillas sobre el posible acuerdo.

La convocatoria de huelga se produce tras la falta de concreción de una oferta económica, por parte del Gobierno, que satisfaga las necesidades del colectivo. El día 25 de septiembre el Ministerio de Interior ofreció una subida media de 365 euros lineales, al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros). Sin embargo, tres días después -el día 28- fue retirada porque la partida económica no fue autorizada por Función Pública, ya que argumentó que el procedimiento no había sido correcto, y que requería su visto bueno. “Si la llegada de un cambio Gobierno había generado una esperanza a este colectivo, para solucionar la problemática que se viene sufriendo y denunciando desde hace años, la realidad ha sido más de lo mismo”, denunciaron.