Ignacio Morchón, en una imagen de archivo
Ignacio Morchón, en una imagen de archivo - F. HERAS

«Incinerar tiene un precio asequible; no me voy a complicar la vida»

El hijo del dueño de El Salvador niega el fraude y mantiene que el exempleado construyó una mentira

ValladolidActualizado:

En la misma línea que su padre, el hijo del propietario de las funerarias del Grupo Salvador y actual gerente de la empresa familiar, Ignacio Morchón, también negó ante la juez que se produjeran en sus dominios el fraude de los ataúdes por el que se investiga si cambiaron en más de 6.000 cremaciones los féretros costeados por los seres queridos de los fallecidos por otros más baratos o incluso restos como puertas. Entre sus argumentos: la falta de negocio de esta presunta trama. «Donde ganamos dinero es el enterramiento y sepultura. La incineración es a un precio muy asequible. No me voy a complicar la vida».

La venta de ataúdes deja, además, importantes beneficios. A la funeraria les cuestan unos cien euros. Lo más caros 700 y los pueden llegar a vender por 3.000. Así lo aseguró durante su testimonio -cuando pasó a disposición judicial-, tras el cual se acordó su ingreso en prisión preventiva bajo una fianza que no ha abonado para obtener la libertad. Entró en la cárcel junto a su padre -días después lo haría su hermana también- y aseguró que ni él ni el patriarca dieron «nunca» una orden para que se realizaran las presuntas estafas ni que tuvieran conocimiento de ellas y atribuyó todo a la «extorsión» de su exempleado. El mismo que les amenazó con contar la trama si no recibía una compensación económica y en cuya casa se halló fotos y anotaciones sobre los supuestos «cambiazos». Su «versión» es que el antiguo trabajador durante dos décadas preparó toda esta documentación basada en «mentiras».

Denuncias tardías

Durante su comparecencia, fiscal y juez insistieron en preguntarle por qué no denunció inmediatamente las amenazas de su antiguo empleado si «no era cierto» como el sostiene que se produjeran esas irregularidades. Lo hizo al tercer intento de extorsión, lo cual justificó en que esperaba que se «le olvidara» cuando se abonaran unos atrasos pendientes. En sus tiras y aflojas con el extrabajador, cuando éste le enseñó las imágenes que tenía, dijo que le increpó asegurando que «las fotos las ha hecho tú. Lo que hayas hecho lo has hecho tú y tú te vas a comer el marrón».

Aunque aseguró que «nunca» se ha producido el «cambiazo» que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid en una pieza separada del proceso que en su día se inicio a causa de la denuncia y condena por la citada extorsión, reconoció que desde que llega el cadáver al crematorio hasta que se entrega a la familia puede haber cuatro o cinco horas de margen, cuando la incineración, si el horno está precalentado, duraría unas tres. «Lo que pasa» en ese lapso de tiempo «sólo lo sabe el que está al cargo de las incineraciones», sentenció. Por otra parte, la voluntad de unir fuerzas para reclamar en los tribunales ha impulsado el nacimiento de la «Asociación Vallisoletana de Afectados por el Tanatorio El Salvador», AVATES, que pretende informar a las posibles víctimas del engaño sobre las opciones de ver reparado el daño, y personarse ante la Justicia.

Según un comunicado de la asociación, el cobro de indemnizaciones dependerá de «la solvencia económica» de las personas físicas o jurídicas que resulten condenadas.

«Las posibilidades de condena son elevadas, si bien el cobro deriva de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que, en su caso, resulten imputadas -y posteriormente condenadas- y de su solvencia», recalca María Duro, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y socia del bufete Fenollera Abogados, a través del cual se canaliza la parte jurídica.