Herrera: «En Castilla y León sentimos el sistema de atención a la Dependencia como algo muy propio»

Así lo señaló Herrera durante la inauguración de la Jornada «10 años de aplicación de la Ley de la Dependencia» , organizada por la Consejería para analizar la aplicación de la primera década de esta norma y, sobre todo, los retos y necesidades a las que se enfrenta, según remarcó el presidente de la Junta, quien mostró cierto «rubor» a la hora de hablar de este asunto ante los verdaderos protagonistas y los que trabajan cada día con las personas dependientes.

A pesar de las buenas palabras, Herrera recordó que desde «el minuto 1» esta ley estuvo lastrada por el «grave defecto de origen» que supone la ausencia de memoria económica. Las expectativas de la ley, recordó, hablaban de una aportación de fondos del Estado del 50 por ciento y otro 50 por ciento las comunidades autónomas. «La realidad es muy distinta», subrayó el presidente, para asegurar que en el último ejercicio cerrado, el de 2016, la financiación de esta ley fue de 534 millones de los que sólo 104 procedían del Gobierno central.

Por ello, recordó que Castilla y León ha reivindicado una mejor financiación de este servicio para que el futuro modelo de financiación autonómica incluya la atención a la dependencia y así se pactó con los grupos en las Cortes y se reivindicó, por parte de Herrera, en la reciente Conferencia de Presidentes, de la que salió una comisión de análisis de desarrollo y de retos de futuro de la Ley de la Dependencia. Recordó que, tal y como se acordó en el último acuerdo del Diálogo Social, el compromiso de la Junta es que si se consigue esa mejora en la financiación se dedicará parte de esas cuantías a la prestación por cuidados familiares sin que ello suponga «una pérdida de su carácter excepcional».

«En Castilla y León sentimos el sistema como algo muy propio, que forma parte de nuestra apuesta por la sociedad donde los grandes ejes giran en torno a los servicios públicos», remarcó Juan Vicente Herrera, para añadir que el hecho de que Castilla y León sea «referente» nacional de aplicación de la Ley se debe a los profesionales, al Diálogo Social y al trabajo en red con las corporaciones locales.

Para ello, la Junta trabaja, dijo, en medidas contempladas en el último acuerdo del Diálogo Social. En concreto, se ha propuesto , entre otros objetivos, mejorar el reconocimiento de derechos, reduciendo de forma progresiva los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia de seis a tres meses, informa Ical.