Grupo Labiana será propietario de Laboratorios Ovejero y pagará nóminas «con calendario razonable»

Así lo ha avanzado hoy el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, tras la creación del grupo de trabajo específico de Laboratorios Ovejero junto al viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y representantes de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, quienes solicitaron la pasada semana su creación ante la situación que atraviesa la compañía, con más de 70 años de trayectoria en el campo de la salud animal , que ha venido deteriorándose a lo largo de los últimos años, encontrándose ante un problema «grave» de falta de liquidez, que está provocando el impago de salarios a la plantilla, informa Ical.

El viceconsejero de Economía y Competitividad ha explicado que para la conformación de este grupo de trabajo se contó directamente con la intervención del Grupo Industrial Labiana , con el ha destacado que «la Junta ha trabajado en los últimos cinco meses», para «comprometer el apoyo» del Gobierno autonómico, para «conocer su proyecto industrial y la opinión de los trabajadores, con quienes «el grupo ya ha llegado a un acuerdo».

En este sentido, Tobalina ha detallado que «hay un plan industrial de un grupo consolidado y solvente que ya ha demostrado que conoce el sector y que se compromete con León y Castilla y León en el futuro de la planta de Laboratorios Ovejero, al tiempo que garantiza mantener la actividad y, si es posible, incrementarla».

No obstante, el viceconsejero de Economía y Competitividad ha expuesto que la el Gobierno autonómico ha puesto dos condiciones «fundamentales» tanto al grupo inversor, Labiana, como a los actuales propietarios. La primera de ellas es «que se comprometa en un plan industrial con la continuidad de la actividad y el empleo de una empresa emblemática para León y el futuro de la ciudad, la provincia y la Comunidad Autónoma».

La segunda de las condiciones es «que no se sobrepase la situación de preconcurso a concurso de acreedores», ya que en el caso de que así fuera, «la Junta, como Gobierno regional, no puede entrar a ayudar y se convertiría en un acreedor más».