Ser funcionario en la cárcel: las codiciadas plazas de Castilla y León

La Comunidad es objeto de deseo para muchos trabajadores . En Acaip achacan este interés a cuestiones de arraigo o de cercanía al norte del país , pero no hay para todos y eso afecta a la estructura. «La media de edad de los funcionarios de Castilla y León está más cerca de los 55 años que de los 50, y eso provoca que haya más jubilaciones y que muchos funcionarios pasen a la segunda actividad, al trabajo de oficina», especifica Leyva, «algo que, sumado a que no se ofertan plazas suficientes, sólo ahonda el problema».

Los datos que maneja el sindicato declaran que de las 2.854 plazas que deberían ocuparse en la Comunidad, hay ahora 2.171 cubiertas, lo que deja 683 sin dueño. Dentro de poco «se ofertan 180 plazas en concurso» (que se llenarán con funcionarios que quieran mudarse a Castilla y León), pero sus cuentas hablan de un hueco crónico en el sistema.

«El problema de las vacantes lo arrastramos desde la crisis, ya que durante cinco años no se convocaron plazas» , reconocen fuentes de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior. Al otro lado de las rejas, contabilizan a 3.530 presos distribuidos entre los centros de Valladolid, Topas, Soria, Segovia, Mansilla de las Mulas, Dueñas La Moraleja, Burgos, Brieva y Salamanca. Hacen previsiones de personal, por supuesto, aunque «la administración no siempre es sensible a este déficit», admiten. Al menos, desde 2018 se convocan en torno a 900 o a mil plazas por año, y en la Secretaría no auguran una recaída a raíz de la crisis pandémica. «La expectativa es de mejora», aseguran.

Sin embargo, el déficit en las plantillas recrudece otras dificultades «entrelazadas», según Acaip . El hacinamiento, por ejemplo. En otras palabras, mucha gente en poco sitio, de lo que también derivan problemas de convivencia o de organización. Instituciones Penitenciarias rechaza categóricamente que exista este problema y destacan la tendencia descendente de la población reclusa: tocó techo en 2009, con más de 76.000 presos a nivel nacional; pero diez años más tarde, ya estaba en poco más de 58.000.

Leyva denuncia que no es una cuestión de cifras totales: «La administración juega con los números y con los metros cuadrados del conjunto, pero la falta de personal hace que se tengan que cerrar módulos -que son los sectores donde se sitúan las celdas- por ausencia de vigilancia y tocamos a mucho más, además de que dificulta la clasificación interna de presos y los tratamientos de reeducación», explica.

Estas problemáticas se enmarcan en el descontento generalizado de la profesión, que enarbola toda una serie de reivindicaciones a nivel nacional y ponen el acento en la urgencia de mejoras laborales. La asociación Tu Abandono Me Puede Matar reclama una subida salarial y escenificó sus quejas con grandes esqueletos y pancartas el día de la patrona de instituciones penitenciarias, cuando el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó el centro penitenciario de Valladolid, en Villanubla. El grupo de funcionarios se manifestó luego en el centro de la ciudad, aunque un cambio de lugar de última hora provocó el enfado de la asociación, que aseguró que les «escondían de la vista del ministro».

No han sido los únicos en apelar directamente a Grande-Marlaska. CSIF y Acaip-UGT han roto relaciones oficialmente. Los sindicatos indicaron que de ahora en adelante, sólo hablarán con el ministro, al que exigen que cumpla los compromisos que adquirió sobre una nueva ley laboral y «desencalle» la situación . «Tenemos la sensación de que somos el patito feo del Ministerio del Interior, que es necesario, pero al que no se reconoce», denunció el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López. Sin embargo, hasta el momento, Marlaska sólo se ha defendido asegurando que su relación con los sindicatos es «absolutamente fluida» y ha añadido que espera aprobar esa ley «en breve», recoge Ep.