La fiscal del 'crimen de La Circular': «¡Todos los acusados se representaron que la anciana podía asfixiarse!»

La acusadora pública, en su informe en el octavo día del juicio con jurado en la Audiencia de Valladolid que abría la jornada de exposición de conclusiones que luego rematarán las dos particulares, descarta el homicidio imprudente que con carácter alternativo plantean algunas de las defensas y persiste en la calificación de asesinato al entender que estamos ante una «muerte dolosa y alevosa», ya que, a su juicio, «la víctima se hallaba en una situación de indefensión».

Para ello ha citado como dato importante el hecho de que los acusados, una vez cometido el robo, «aunque no tuvieran intención de acabar con la vida de María», dejaron la puerta del piso cerrada abandonando a la anciana en una situación de riesgo tras «invadir su piso, lesionarla gravemente y, además, impedirle respirar al colocarle una cinta sobre la cabeza fuertemente apretada, tapándole la boca y casi totalmente las fosas nasales», informa Ep.

No es cierto, ha advertido, de que los tres asaltantes dejaran abierta la puerta del piso, sino que la dejaron mal cerrada. «¿Creen ustedes que si hubiera sido como dicen ellos el cadáver de la anciana habría sido hallado veinticuatro horas después, como finalmente ocurrió?», ha interpelado al jurado la fiscal.

Del delito de asesinato, la acusadora pública considera autores a todos los procesados a título de «dolo eventual», no sólo los tres que a modo de «ejecutores» entraron, presuntamente, en el piso, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, sino también el supuesto 'cabecilla', el protésico vallisoletano Rubén A.R; su «intermediario», Arso A.I; y el 'taxista' o persona que trasladó en su coche a los 'sicarios', Emil A.M.

Pero a mayores, la fiscal mantiene que los seis del crimen de la Circular son autores de delitos de robo consumado con violencia en casa habitada, con la agravante de abuso de superioridad; pertenencia a grupo criminal, «puesto que se ve claramente una planificación y un reparto de tareas entre ellos» a partir del reclutamiento efectuado por Rubén; y uno de detención ilegal, «al privar de forma innecesaria a la anciana para la comisión del robo».

De ahí su petición global de 31 años de cárcel para cada uno de los procesados junto con el pago de indemnizaciones por importe de 100.000 euros en favor de cada uno de los hijos de la anciana y otra cantidad, a determinar, por los dos anillos robados a la anciana.