Familia refuerza el sistema para detectar maltrato en menores tras la muerte de Sara

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presidió ayer la reunión de la S ección de Atención y Protección a la Infancia , en la que presentó una batería de medidas llevadas a cabo para reforzar la forma de detección y las notificaciones en casos de maltrato y la coordinación entre todos los agentes implicados. De esta forma, desde hace más de un mes, según explicó la consejera, todos los departamentos implicados han tratado de detectar aquellos puntos que son susceptibles de mejora para, a partir de ahí, desarrollar medidas y actuaciones concretas.

El resultado ha sido una hoja de ruta» en el que se incluyen 15 actuaciones diferentes que se enmarcan en tres áreas: la específica de sus propios Servicios Sociales, las medidas que implican a otras consejerías y, por último, la coordinación con todos los agentes del sistema enfocadas a mejorar la detección y la coordinación.

García insistió en que el sistema actual «es eficaz y sólido pero tenemos la inequívoca voluntad de ofrecer la mejor respuesta a todos los casos». Reconoció, no obstante, que «el desgraciado incidente de agosto en el que una niña de cuatro años fue asesinada nos tiene que remover a todos para mejorar y reforzar los mecanismos y la coordinación de todos los agentes implicados». Porque el objetivo es claro: «Que algo así jamás vuelva a ocurrir». Con este fin se realizó un análisis pormenorizado de cada una de las fases del procedimiento de actuación para proteger a los menores para legar a la conclusión de que era necesario incidir en la detección y en la notificación de situaciones de maltrato en la infancia, además de en la coordinación de todas las instituciones.

García recordó que la detección de una situación de desprotección puede ser realizada por la familia, vecinos, educadores, profesionales sanitarios e instituciones , como Fiscalía, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una vez que se detecta, se hace precisa una notificación del denunciante de la situación para que la Junta pueda intervenir ante una posible situación de desprotección. Además, la recepción de cada caso puede venir por una comunicación desde la Administración de Justicia, bien de la Fiscalía, o bien mediante una resolución judicial, que se ejecuta.

A partir de este análisis y, por lo que se refiere a las iniciativas en la propia Consejería, éstas pasan por mejorar los mecanismos para implicar a los ciudadanos en las notificaciones, es decir, en que den la voz de alarma o presenten la correspondiente denuncia cuando tienen sospechas fundadas de la existencia de malos tratos en el entorno de un menor. Y es que, según explicó Alicia García, sólo en un 1,8 por ciento de los casos son los vecinos los que advierten de la situación y en un 2,4% de los familiares. Ante esta situación, el departamento de Familia trabaja en la mejora de los mecanismos para que los propios ciudadanos puedan notificar los casos de maltrato cuando los detectan. Para ello, además de actualizar la web de la Gerencia de Servicios Sociales (serviciossociales.jcyl.es) con la incorporación del teléfono de atención al meno r, en breve se incluirá un modelo sencillo para que, también vía telemática, se puedan comunicar las situaciones de posible maltrato. Además, se han incorporado en el apartado de «Atención a la infancia» los modelos de hojas de notificación de situaciones de riesgo y maltrato infantil para los profesionales y se va a mejorar el mecanismo para que puedan realizar sus avisos de una forma más sencilla y detallada. También se están revisando los protocolos previstos en el 112 y en el 012 para ver si existe posibilidad de mejora en los mismos.

Otra de las actuaciones pasa por mejorar el intercambio de información a través de sistemas informáticos, por lo que se está integrando la herramienta informática de los 54 equipos de intervención familiar de las corporaciones locales en el Sistema de Información de la Gerencia, lo que permitirá que casi 300 personas intercambien información para una mejor toma de decisiones y para poder comunicar con más celeridad las medidas adoptadas.

En este marco, también s e impulsará la formación específica de los profesionales se los servicios sociales municipales , dado que el 30 por ciento de las notificaciones provienen de las corporaciones locales. Además, se ha organizado para finales de octubre un primer curso dirigido a fiscales que abordará específicamente la violencia de género en el ámbito de la infancia. y se ha iniciado por vez primera un curso de formación sobre el modelo en el que participan 200 profesionales y técnicos de las secciones de Protección a la Infancia y de las corporaciones locales, que permitirá mayor coordinación entre los ellos.

En cuanto a las actuaciones que implican a otras consejerías, la de Educación está elaborando un nuevo protocolo de intervención educativa ante posible riesgo y sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar que se comenzará a aplicar este curso con carácter experimental. Además, se desarrollarán acciones formativas entre los educadores. La Consejería de Sanidad, por su parte, ya dispone de un protocolo específico que se puso en marcha en 2016 gracias al cual las notificaciones del personal sanitario se han duplicado al pasar de 45 en 2016 a 102 el pasado año.

La tercera de las áreas en las que se está actuando es la relativa a la coordinación con los otros agentes del sistema, como son el Ministerio Fiscal, las corporaciones locales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el primero de los casos, se van a establecer cauces ágiles y seguros de intercambio de información, especialmente en supuestos de urgencia en los procedimientos de actuación ante notificaciones de posibles situaciones de desprotección. Respecto a la coordinación con los policías locales, se está elaborando conjuntamente una guía con el detalle de los procedimientos de actuación por parte de las corporaciones. Por último, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se va a seguir mejorando la colaboración.