Las facturas desbancan a la alimentación en las ayudas sociales de Cáritas y Cruz Roja

En números absolutos, la cifra de beneficiarios a los que atendieron a través de lo que se conoce como ayudas de primera necesidad estas dos entidades se redujo en 2017, aunque no sustancialmente. Pero lo que sí vienen percibiendo en los últimos tiempos es que, si al principio de la crisis las ayudas para alimentación estaban en primer lugar, ahora han pasado ya a un segundo plano. Los suministros energéticos y los pagos del alquiler o las hipotecas suponen, tanto en Cáritas como en Cruz Roja en la Comunidad, aproximadamente el 80 por ciento de estas prestaciones sociales para bienes básicos que entregaron a lo largo del pasado año. En el caso de la segunda, en 2017 llegaron a entregar en ayudas económicas de más de 100.000 euros sólo en facturas de luz, gas y agua.

¿Por qué se ha invertido el carácter de las ayudas? Para el presidente de Cáritas en Castilla y León, Antonio José Martín , la razón está en que muchas de las personas que acuden a sus instalaciones en busca de ayuda han conseguido un empleo, pero, por lo general, es «precario» y les permite hacerse cargo de lo principal, que son los alimentos, pero no del resto. «El 20 o 25 por ciento de las personas que atendemos trabaja, pero no puede llegar a fin de mes» . También hay perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía que con ese apoyo no llegan a cubrir todas sus necesidades.

En esa misma idea coincide la coordinadora de Cruz Roja en Castilla y León, Eva María Fernández . La media de ingresos de sus beneficiarios de las ayudas que ellos denominan de primera necesidad es de 514 euros al mes y el 70 por ciento de sus usuarios está en paro, de los cuales «la mayoría» no tiene ninguna prestación. «Todo esto agrava su situación», reconoce.

«Quizá también para poder acceder a alimentos hay más recursos y ayudas más amplias», explica la representante de la entidad, quien también asegura, al igual que el presidente de Cáritas, que «las familias con lo poco que tienen se organizan». «Con lo que obtienen por la Renta Garantizada de Ciudadanía o salarios precarios lo distribuyen primero para alimentos, pero para el resto tienen que pedir ayuda para los gasto de agua, luz calefacción».

Por todo esto su principal preocupación hoy en día es que toda esa gente a la que siguen apoyando puedan encontrar un trabajo. Se trata de que puedan acceder a un empleo «estable» que les permita «vivir con dignidad», defiende con contundencia el representante autonómico de Cáritas. «Eso es lo que puede determinar que tengan autonomía o no», añade Eva María Fernández.

Les inquieta especialmente el futuro de los parados mayores de 55 años. «Hay mucha gente que lleva muchos años sin trabajar y la edad es un aspecto que complica su reincorporación al mercado laboral», indica la coordinadora de Cruz Roja, una entidad que se ha volcado en los últimos años en programas destinados a mejorar la formación de los desempleados . «Tienen buena acogida, pero la demanda es muy alta». Por eso, solicita su colaboración a los empresarios de la región, para que ofrezcan oportunidades laborales a estas personas y que así «puedan salir de su situación».

Desde Cáritas, que el año pasado atendió en general a unas 100.000 personas a través de las once diócesis , también se muestran preocupados por las familias monoparentales, que en ocasiones atraviesan situaciones «muy difíciles». El grueso de las personas que ellos atienden son gente de entre 30 y 35 años con hijos a su cargo en desempleo o con trabajos cuyos salarios son mínimos.

La vivienda ha sido una necesidad principal y básica con la que han tenido que trabajar desde el principio. «Pero aún siguen existiendo problemas importantes», lamenta Antonio José Martín. A su juicio, existe «escasez» de vivendas de protección pública, hay mucha diferencia entre provincias y la Junta «debería preocuparse más por la ayuda social al alquiler».