La factura del Covid será «ampliable» por la «incertidumbre» de la pandemia

Así que, a la luz de la aprendido –y sufrido–, la Junta de Castilla y León no quiere que se repita y, según apuntó este viernes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, las Cuentas del próximo ejercicio el gasto por el coronavirus «no» está cerrado y se contempla como «ampliable» . Con margen de maniobra, dijo, «ante la indefinición cierta» de cómo pueda evolucionar la pandemia. Ser considerado ampliable «facilita» hacer las modificaciones presupuestarias «incluso» entre diferentes secciones del Presupuestos y «da facilidades» para los cambios, señaló Carriedo.

Y que el Covid-19 impregna las Cuentas se nota también, destacó el consejero, en que Sanidad es la consejería en la que más crece el presupuesto . Si bien lo hace en todas, el 21,68 por ciento a mayores supone 800 millones más de euros que su disponible ahora. Los más de 4.366 millones consignados al departamento que dirige Verónica Casado supone el 45 por ciento de los casi 9.800 millones que manejarán los diez departamentos del Gobierno autonómico el próximo ejercicio. Del total, algo más de 157 millones están destinados a inversiones, en las que se incluye un nuevo concepto: las obras para luchar contra el Covid-19, que suman 17,42 millones tanto para actuaciones en centros de salud (3,15 millones) como para hospitales (14,27). Y en un tiempo en el que las consultas telefónicas se han impuesto, resaltar los 9,5 millones contemplados para impulsar la telemedicina, según las cifras recogidas por Ical.

Que las tres consejerías más sociales (Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades) sean las que «más crecen» prueban la huella del Covid en el presupuesto, como ese «escudo» para «afrontar» las tres crisis generadas, destacó Carriedo. En nómina, por ejemplo, 3.500 profesionales sanitarios más que «antes» de la pandemia y unos 1.100 docentes a mayores que el curso pasado, destacó el consejero. En el departamento educativo se contemplan específicamente 6,2 millones para hacer frente a los gastos vinculados al coronavirus en un periodo lectivo marcado por los desdobles de aulas y la higiene. En Familia, que supera por primera vez los mil millones de euros, 21,4 millones van destinados a inversión, casi la mitad para atención a mayores, con quien el virus se ha cebado especialmente. Y la atención a los ancianos y personas con discapacidad suma casi una cuarta parte de todo el presupuesto (266) del área que encabeza Isabel Blanco, que también guarda 71 millones para programas dirigidos a la protección de personas en riesgo de exclusión y 21 para quienes esté en urgencia social. El impacto del Covid se nota también en que contiene créditos ampliables para la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que parte con 48,7 millones, menos que en años anteriores debido a que ha comenzado a funcionar el Ingreso Mínimo Vital, informa Ep.

El impacto del virus se deja notar en las partidas para empleo e incluso en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que incrementa recursos ante la previsión del aumento de la conflictividad.

La cicatriz del coronavirus hace mella también en la deuda, el recurso del que tira hasta el extremo la Junta exprimiendo al máximo las posibilidades de déficit y que son «básicamente» las que permiten elevar el Presupuesto de 2021 hasta el techo jamás alcanzado de 12.291 millones de euros . Eso sí, reconoció Carriedo, haber roto con la tradicional austeridad de Castilla y León a la hora de recurrir al «debe» no es sostenible en el tiempo. «No podemos recurrir permanentemente al déficit público», asumió el consejero, para quien «lo razonable» una vez pase la pandemia será volver a la «estabilidad presupuestaria» y que «vayamos sustituyendo el déficit público por el crecimiento económico».

En este sentido, el responsable de las arcas autonómicas dio a conocer que ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda en la que señala que Castilla y León «prefiere» seguir financiándose en los mercados ordinarios , en los que ya encuentra créditos «en buenas condiciones» e incluso a interés negativo» al seguir «siendo solventes», en lugar de hacerlo a través del Fondo de Facilidad Financiera del Gobierno al que debería acudir al incumplir las reglas de gasto. Pero, precisó Carriedo, se hace por motivos «ligados» a la recesión y la pandemia y en un momento en el que esas reglas fiscales «no operan».