El exalcalde de Valladolid declarará como investigado por el caso de la «confort letter»

La comparecencia de León de la Riva se iniciará a partir de las 10.00 horas, según informaciones de Diario de Valladolid y el Norte de Castilla recogidas por Europa Press.

La citación del exregidor se produce después de que la Audiencia Provincial de Valladolid admitiera a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de sobreseer la denuncia que se presentó contra León de la Riva por firmar dicho documento.

Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 acordó, por auto de fecha 15 de junio, el sobreseimiento provisional de la causa al entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencioso-administrativa la que debía de resolver sobre la validez o no de la «comfort letter», la Sección 4 de la Audiencia de Valladolid, a través de otro auto, admitió a trámite los recursos del Consistorio y de la acusación pública que supone reabrir las diligencias para que se tome declaración en calidad de investigado al exprimer edil del PP.

En su recurso, los acusadores entendían que a priori, podríamos encontrarnos ante dos ilícitos penales distintos: uno de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental, de ahí que la Audiencia Provincial, a fin de completar la instrucción de la causa por el Ministerio Fiscal, solicitó al instructor recibir declaración como investigado a Francisco Javier León de la Rival, firmante del acto en cuestión en 2011, así como, en calidad de testigos, al entonces concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al Interventor Municipal, Rafael Salgado, que ocupaban dichos cargos en el referido año, tal y como solicitó el Ayuntamiento.

La sala que preside José Luis Ruin Romero recordaba que en el marco del Convenio suscrito el 6 de noviembre de 2002 para el Desarrollo de la Obras derivadas de la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid, se constituyó la sociedad «Valladolid Alta Velocidad 2003 S. a.», participada en un 25% por el Ayuntamiento de Valladolid.

Esta sociedad, para cancelar deudas preexistentes y financiar su proyecto, firmó el 14 de febrero de 2011 un contrato de línea de crédito, con varias entidades financieras por un importe máximo total de 400 millones de euros.

Este contrato fue precedido, a requerimiento de las entidades bancarias, de la firma por los partícipes de la sociedad, de una carta de compromiso que, en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, y en su nombre, suscribió el 26 de enero de 2011 el entonces alcalde Francisco Javier León de la Riva, que vinculaba a la Corporación que presidía en los términos contenidos en el referido contrato.

En concreto en el punto nº 4 de la carta de compromiso o conformidad se afirma que: «El Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (*) han sido debidamente realizados y adoptados y que no existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resulta en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos referidos, y que las personas firmantes de este documento, en nombre y representación de la misma, poseen las facultades suficientes a tal efecto».

Sin embargo, de los informes emitidos en el mes de diciembre de 2015, tanto por la Intervención General como por el secretario general del Ayuntamiento, manifestando el desconocimiento de la existencia de dicho compromiso, «parece desprenderse, de forma indiciaria, lo afirmado en el referido punto 4 del documento por lo que en principio habrá que investigar la participación o no de otras terceras personas en la firma de dicho compromiso».

Para ello, «y sin intentar agotar las diligencias a practicar, deberá recibirse declaración, con la cualidad ineludible procesalmente de investigado al señor León de la Riva, para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas al respecto, y protegiendo y colmándose así su derecho de defensa, que debe ser tutelado desde los tribunales, y también deberá recibirse declaración, en principio, en calidad de testigos, a los que en aquella fecha, 26 de enero de 2011, fueran Interventor y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid. Tales declaraciones deberán hacer referencia a los dos posibles delitos denunciados», concluía el auto de la Audiencia Provincial.