Exterior de la Audiencia Provincial de Valladolid
Exterior de la Audiencia Provincial de Valladolid - ICAL

Se enfrenta a nueve años de cárcel por estafar a mendigos, parados y analfabetos

Al parecer, les prometía ayuda para obtener documentación con la que acceder a sus cuentas. Se le acusa de defraudar más de 55.000 euros

ValladolidActualizado:

Mendigos, parados y analfabetos fueron sus supuestas víctimas. Al parecer, se ganaba su confianza y se mostraba dispuesto para echarles una mano con sus finanzas o ayudarles a buscar empleo y entonces aprovechaba su vulnerabilidad y haciendo uso de la documentación que éstos le habían facilitado les estafaba y cargaba a sus cuentas bancarias compras y créditos que luego las entidades les reclamaban a ellos. Antonio M. R. A. de 72 años se enfrenta a una pena de nueve años de prisión, que la Fiscalía solicita para el acusado por un presunto fraude de más de 55.000 euros.

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes la vista oral por estos hechos, que el Ministerio Público considera constitutivos de dos delitos continuados de estafa, otros dos por falsedad en documento mercantil y uno de falsedad en documento privado. Solicita, además de la petición de privación de libertad, el pago de una multa de 6.600 euros y una indemnización por valor de 44.393 euros, a las entidades que han reclamado la deuda contraida.

Se han identificado un total de cuatro víctimas que habrían entablado en su día relación con el procesado, entre los años 2007 y 2010, cuando uno de ellos, que era amigo suyo, denunció ante la Policía que le había vaciado las cuentas. Las investigaciones dieron después con más casos en los que se comprobó que se acercaba a personas vulnerables y les vendía excusas como falsos empleos para acceder a su documentación.

«Guiado por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, logró» que esas cuatro personas le autorizaran en el «uso de diversas cuentas bancarias de las que eran titulares para, posteriormente, simulando su identidad y falseando su firma» dedicarse a adquirir bienes como una compra de 4.000 euros en una tienda de muebles, solicitar tarjetas con las que supuestamente habría realizado operaciones y retirado efectivo y cerrar operaciones de crédito para costera, entre otros, un vehículo para su pareja sentimental, de acuerdo con las calificaciones previas de Fiscalía.

El «modus operandi» revelaría una falta de escrúpulos del acusado, que en uno de los casos, incluso, abrió una cuenta presentando una solicitud firmada por una de sus supuestas víctimas que «no sabía lo que firmaba, pues no podía leerla al ser analfabeto, y tras haberle manifestado el acusado que necesitaba su firma a otros efectos».