El efecto dinamizador de alimentación y bebidas

El documento, presentado por el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, parte de la definición del Parlamento Europeo de zonas escasamente pobladas, es decir, aquellas con 50 o menos habitantes por kilómetro cuadrado. Así, la denominada España vaciada supone el 77 por ciento de la superficie del país, pero tan solo reside en ella el 10,4 por ciento (4.910.638 personas) de la población total. Una tendencia de caída demográfica que, lejos de atemperarse, empeora. Al respecto, García de Quevedo resaltó la capilaridad del sector como una de las principales características que le permiten impactar de forma positiva en estos territorios, «ya que nuestras empresas tienen presencia en todas las provincias España y, en muchos casos, se asientan en zonas alejadas de los núcleos urbanos. De hecho, el sector tiene presencia en los municipios que acogen al 70,7 por ciento de la población de la España vaciada, por lo que contribuye a fijar la población, a desarrollar la actividad económica, a dinamizar y digitalizar del territorio y a mantener infraestructuras y servicios».

En opinión del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, «el sector agroalimentario es un pilar básico de la economía castellano y leonesa, y desde Cajamar estamos totalmente convencidos del gran potencial que tiene la industria de la alimentación y bebidas para seguir generando riqueza y empleo en esta comunidad, especialmente en el ámbito rural. De ahí la importancia de intensificar la modernización de las explotaciones agrarias, para mejorar su eficiencia y rentabilidad, y de promover la creación de nuevas empresas que contribuyan a la transformación y comercialización de los productos de la región», precisó. Es decir, trabajar por aportar ese valor añadido que, tradicionalmente, le ha faltado a nuestro agro y ha supuesto una notable rémora. Según los datos del informe, la industria de alimentación y bebidas permite fijar una población de 834.737 personas en las comarcas más despobladas de España, donde el 17 por ciento de su censo se asocia con la actividad de esta industria, mientras que en resto del país la cifra representa el 10 por ciento.

Los datos, además, no hacen sino remachar esa idea. Así, de los más de dos millones de empleos directos e indirectos que genera el sector a nivel nacional, el 15 por ciento se localiza en la España vaciada, lo que se traduce en un total de 305.424 puestos de trabajo. De esta manera, el sector confirma su trascendencia para el desarrollo laboral en estas zonas menos pobladas. Otro dato relevante que no es mera estadística: a través de su impacto directo e indirecto, la aportación al PIB de la industria de alimentación y bebidas en toda España es del 10,6 por ciento, un porcentaje que se eleva al 16,2 por ciento en las áreas de mayor sangría demográfica, un incremento que confirma el mayor peso de la actividad del sector que se asienta sobre un tejido empresarial muy ligado desde siempre al medio rural. El estudio, de hecho, señala que 74 de cada 100 empresas del sector se hallan en localidades de menos de 50.000 habitantes. Concretamente, de las más de 30.000 empresas que componen la industria, el 15,6 por ciento se asienta en la España vaciada, mientras que para el conjunto de la economía este indicador baja hasta el el 8,8 por ciento. Es decir, queda fuera de toda duda la capacidad dinamizadora del sector en estos territorios, que aporta a las arcas públicas 5.876 millones de euros.

No menos relevante resulta, según el informe, la capacidad del sector como fuente de actividad y riqueza en entornos rurales, ligada sobre todo al turismo y la gastronomía. De hecho, supone más de 100 millones del gasto turístico en comarcas desfavorecidas, un 9 por ciento de las pernoctaciones. Aun así, los profesionales reclaman incentivos fiscales para promover la actividad económica, así como el equilibrio que evite penalización con impuestos sobre actividades claves en su dinamización, tales como la hostelería o la restauración, entre otras. En este sentido, FIAB insta a la protección de la cadena alimentaria como un sector de gran valor en general para nuestro país, pero aún más en estas zonas, y evitar «la demonización» de sus productos y actividad. También demanda mayor apoyo al emprendimiento, facilidades a la reindustrialización de zonas rurales y estimular el relevo generacional. Para ello, es necesario aligerar el acceso a las gestiones administrativas y ofrecer servicios de asesoría y formación.