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El dueño de la funeraria investigada por el cambio de ataúdes, en libertad tras pagar 800.000 euros

Hace efectivo el pago de una fianza hipotecaria

VALLADOLIDActualizado:

El dueño del Grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., ha salido de prisión tras depositar una fianza hipotecaria de 800.000 euros, una cantidad que la Audiencia de Valladolid estableció para que pudiera eludir la estancia en la cárcel, han informado a Efe fuentes jurídicas, informa Efe.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, que se ocupa del caso, centra la investigación abierta sobre la actividad del grupo funerario en la supuesta comisión de delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

La puesta en libertad del propietario de la funeraria se ha ejecutado después de que el letrado del investigado solicitara su puesta en libertad y la Audiencia de Valladolid considerase que podía eludir su situación de prisión si depositaba una fianza de 800.000 euros.

La operación policial denominada «Ignis», que desembocó en el arresto de veinticinco personas, puestas en libertad después excepto el dueño del Grupo funerario, que sí ha salido este viernes de prisión, se dirigió a que el propietario de la funeraria, varios familiares y trabajadores supuestamente vendieron féretros que retiraron antes de incinerar y los volvieron a vender.

La estafa continuada que se investiga supuestamente pudo cometerse durante veinte años con casi 6.000 ataúdes.

Para fijar la fianza, la Audiencia consideró que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pudiera fugarse no había desaparecido pero sí se había diluido y podía neutralizarse «con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad», como la imposición de una fianza.

En este sentido, el tribunal tuvo en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, que tiene sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.

También evaluó la sección segunda de la Audiencia que no hay posibilidad de que altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación por que ya se ha intervenido toda la documentación encontrada.

La resolución de la Audiencia reflejó además que tampoco existía un «peligro fundado y concreto» de que el propietario de la funeraria pueda «influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo» ni de que pudiera actuar contra bienes jurídicos de las víctimas o cometer «otros hechos delictivos».