Familia
Diputaciones y grandes ayuntamientos deberán aprobar planes de conciliación
La ley para conciliar la vida laboral y familiar propone formar al profesorado en igualdad y corresponsabilidad
Representantes de los sindicatos UGT y CC.OO., de la patronal Cecale y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvieron ayer el penúltimo encuentro para «perfilar algunos flecos» de la que será la primera ley de conciliación personal, familiar y laboral de España. El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC, ha sido acordado ya en el seno del Diálogo Social, si bien a última hora los agentes económicos y sociales decidieron incorporar medidas relacionadas con la brecha salarial entre hombres y mujeres, un asunto que se cerrará en la reunión de mañana y que completará así de forma definitiva la ley que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno.
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Esta nueva iniciativa legislativa tiene por objeto «regular medidas de apoyo que permitan compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de las personas trabajadoras, fundamentalmente, que faciliten el desarrollo de su proyecto vital, con el fin de procurar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres en la atención de sus responsabilidades personales y familiares, su progresión profesional y su desarrollo en todos los ámbitos vitales». Así reza en la exposición de motivos de un anteproyecto de ley que los agentes económicos y sociales han destacado por su carácter pionero en el territorio nacional.
Plan regional
Entre las medidas que incorpora figura que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales deberán aprobar periódicamente planes para el fomento de la conciliación, una obligación que deberá hacerse efectiva después de que sea la propia Junta la que, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la citada ley, apruebe un plan regional que recoja, a partir de un diagnóstico sobre la situación actual, los objetivos, actuaciones y medidas de apoyo para hacer posible el desarrollo personal, familiar y profesional en igualdad de condiciones. Las corporaciones provinciales y los quince ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (las nueve capitales además de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina del Campo y Laguna de Duero), tendrán otros doce meses para desarrollar sus propios plantes.
La norma incide especialmente en las labores de sensibilización y concienciación y en la educación, de ahí que en el apartado destinado a las actuaciones del ámbito educativo se incluya la formación específica del profesorado en igualdad y corresponsabilidad «con el objetivo de que exista una transmisión de valores en igualdad, del reparto equilibrado de tareas y responsabilidades familiares y se combata el sexismo y los estereotipos de género». En este mismo bloque, el anteproyecto de ley recoge la ampliación de los horarios de apertura y cierre en los centros docentes, así como la realización de programas dirigidos a la atención lúdica de niños y niñas durante los periodos vacacionales en colaboración con las entidades locales. También se promoverá la apertura de centros de educación especial los días laborales no lectivos y en las vacaciones de verano para favorecer el respiro y la conciliación de las familias que tengan hijos con necesidades especiales.
Otro de los grandes objetivos del anteproyecto de ley pasa por involucrar tanto a la propia administración autonómica como al sector privado. Para el primero de los casos, las entidades del sector público de Castilla y León estarán obligadas a incluir cláusulas sociales en materia de conciliación para la contratación pública, es decir, que en los criterios de valoración en un concurso público se primará a las empresas que demuestren su compromiso con esas medidas. Lo mismo ocurrirá cuando se trate de subvenciones públicas.
Precisamente, el anteproyecto incluye distintas ayudas para fomentar la conciliación -sin llegar a concretar cantidades- que van desde las subvenciones individuales que recibe un trabajador o trabajadora por una reducción de la jornada o una excedencia para el cuidado de menores o personas dependientes, a las ayudas para las empresas que introduzcan dentro del convenio colectivo mecanismos para la racionalización de horarios, reordenación o flexibilización de los tiempos de trabajo y jornada.
Otra línea de subvenciones será para la contratación de personas desempleadas que sustituyan a trabajadores en excedencia o con reducción de jornada o cualquier otra circunstancia relacionada con la lactancia, la maternidad o la paternidad.
El texto acordado por los agentes económicos y sociales y la Junta tiene un apartado dedicado expresamente al sector privado con el compromiso de, juntos, promover que las empresas de Castilla y León adopten medidas dirigidas a facilitar la conciliación. Para ello, se tratará de que este tipo de actuaciones se incluya en la negociación colectiva y se impulse la elaboración y aplicación de planes de igualdad. Además, se adoptarán las medidas oportunas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles y así «mejorar tanto su productividad como la satisfacción y optimización del clima laboral.
En este apartado también destaca la promoción del teletrabajo y otras fórmulas de empleo no presencial apoyado en las nuevas tecnologías en aquellas empresas y entidades que por su sistema de producción u organización permitan la realización de toda o parte de la jornada fuera del entorno laboral.
Por último, el Anteproyecto de Ley, que verá la luz antes del verano, recoge la creación de la Sección de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral como órgano de participación y asesoramiento, dentro del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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