La deuda de Castilla y León se triplica en una década con pagos a abonar en 2049

En el último ejercicio, ya con el Covid como protagonista, el aumento del ‘debe’ ha sido apenas del 1,6% gracias a la llegada de los fondos repartidos por el Gobierno para afrontar la pandemia, pero ese ligero incremento y la recesión económica supone ya que la deuda sea del 24,3% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje nunca antes alcanzado.

En todo caso, y como se encargan de repetir una y otra vez desde la Junta, la Comunidad se encuentra mejor que el conjunto del país, donde, por ejemplo, la subida media interanual fue del 11,4 por ciento y el porcentaje respecto al PIB es tres puntos superior.

La estructura de la deuda autonómica refleja los elevadísimos pagos que hay que afrontar a corto plazo -cerca de 4.000 millones de euros en los próximos tres ejercicios-, pero también se puede comprobar que a ‘largo’ ya hay abonos pendientes para el año 2049.

En esta distribución temporal, desde la Consejería aseguran que su estrategia pasa por crear «un calendario de reembolsos lo más armónico y homogéneo posible» y pretenden «incrementar la vida media de la cartera de endeudamiento, cerrando operaciones a plazos largos o muy largos e interés fijo, tratando de aprovechar tipos históricamente bajos» para conseguir así las mejores condiciones posibles.

Ante la situación vulnerable de las finanzas de Castilla y León, desde la Consejería resaltan que la Comunidad tiene «una valoración alta en cuanto a solvencia, de acuerdo con la agencia Moody’s».

Además, pese a la negativa evolución de los últimos años, confía en su capacidad de financiación en el mercado de capitales. Un ejemplo que reseñan de «la receptividad entre los inversores» se ve en la emisión de deuda de junio, por el que la Comunidad recibió una demanda de 1.600 millones de euros , lo que superaba en «más de tres veces el volumen fijado» que era de 500 millones. En ese marco negociador, propicio para Castilla y León, también sacan pecho de las dos emisiones de deuda, por valor de 290 millones, a tipos negativos, es decir, que generará interés favorables.

En ese ‘saber negociador’ del que presumen en Economía y Hacienda, se habría conseguido también ahorrar 30 millones de euros de un préstamo de 1.027 millones gracias a la refinanciación del mes de julio en la que se consiguió bajar de un tipo de interés del 0,8% al 0%.

Con la vista puesta en el horizonte de pagos, como diría Helen Lovejoy en ‘Los Simpsons’: «¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?» . El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya reconoció que «no es sostenible» seguir apoyando las cuentas en el déficit porque esa deuda tendrá un «impacto» los próximos años que afectará a las próximas generaciones. Por ello, manifestó que «es importantísimo» no caer en gastos de carácter estructural y que el exceso de partidas por la pandemia sea ocasional.

Otras fuentes dibujan lo que pasará ya en los próximos años. Así, el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) augura que Castilla y León no volverá al nivel prepandemia hasta dentro de ocho años y fija una reducción de 8,7 puntos de deuda respecto al PIB en los próximos 15 años. Además, si en su anterior informe preveía que volvería a una tasa de referencia del 13% -once puntos menos que la actual- en 2028, ahora aplaza este objetivo al año 2037. Y es que en su documento, la Airef sitúa la sostenibilidad financiera de la Comunidad en una posición de «mayor vulnerabilidad» , aunque habla de una ligera corrección a partir del año 2022.

La Junta espera, por su parte, que cuando se vaya saliendo del bache y la economía crezca se consigan unos «mayores ingresos por la mejora de recaudación» . Asimismo, apuestan por «una reforma del modelo de financiación» que incluya las peculiaridades de la población de Castilla y León. Todo ello, según explican «tendría que permitir que el peso del endeudamiento en términos de PIB vaya moderándose».

En el equilibrio entre emitir deuda para financiar el gasto público y cumplir con los objetivos de déficit marcados está otra de los grandes dilemas para los próximos años ante el riesgo de tener que recurrir a ajustes para cumplir con las exigencias que marca Europa y reparte el Gobierno central como considera y siempre, según Castilla y León y otras comunidades, en perjuicio de las autonomías Así, mientras que el año pasado la autonomía cerró el ejercicio con un superávit de 24 millones -debido únicamente a la llegada de fondos extraordinario-, en este está fijado en un máximo del 1,1 por ciento sobre el PIB y para 2022 se obliga a un esfuerzo mayor al quedar en el 0,6% y sin la garantía de que lleguen partidas extra del Ejecutivo. Sin ellas, intentar cumplir sin realizar recortes de algún tipo se antoja más que complicado y sólo un crecimiento económico mayor del previsto evitaría que continuara el aumento incontrolado de la deuda de la Comunidad.