La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, presenta los detalles de la Operación 'Adelita de la Guardia Civil; acompañada por la subdelegada del gobierno en Segovia, Lirio Martín; y el teniente coronel jefe de la Comandancia, José Luis Ramírez - ICAL

Desarticulada una banda por explotar a 400 extranjeros a los que obligaba a trabajar 14 horas diarias

La operación ‘Adelita’, coordinada desde Segovia, se cierra con ocho detenidos, entre ellos la líder, una mujer chilena

SegoviaActualizado:

La Guardia Civil desarticuló un grupo criminal organizado, con ocho detenidos, que favorecía la inmigración ilegal desde América del Sur, con 400 víctimas identificadas, pero que puede llegar a mil, que eran explotadas con jornadas de hasta 14 horas y sin contrato. Las detenciones se produjeron en Segovia, Madrid y Huelva, siendo la cabecilla una mujer chilena afincada en España.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, destacó este miércoles que la operación «Adelita» es una «importantísima actuación» y explicó que se llevó a cabo entre la Guardia Civil y la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio. El grupo está acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de estafa, al utilizar la situación de alta vulnerabilidad e irregularidad laboral de las víctimas, que procedían sobre todo de Honduras, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

La red empezó a operar en noviembre de 2017, a través de la constitución de una asociación social y cultural, radicada en la provincia de Segovia, para «blanquear y encubrir sus actividades ilegales», con actuaciones en la mayoría de las provincias españolas, informa Ical.

La cabecilla de la red, una mujer de nacionalidad chilena residente en España desde hace varios años, se hacia pasar «por miembro de otro tipo de organizaciones legalmente establecidas y reconocidas», como colaboradores de ong’s conocidas como por ejemplo Cruz Roja o Cáritas, y tenía colaboradores repartidos por todo el país que se encargaban de «localizar y encauzar a los inmigrantes» hacia puestos de trabajo escasamente remunerados y con condiciones laborales abusivas aprovechándose de su situación de irregularidad.

La Guardia Civil logró identificar a 400 víctimas de este grupo criminal que llegaban a España, principalmente por vía aérea hasta París (Francia), a los que se les cobraba entre 250 y 350 euros, pudiendo llegar a ser 500 euros, remarcó el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Segovia, José Luis Ramírez, para poder trabajar en el sector agrícola, sobre todo en el sur de España, y «en más del 90 por ciento de los casos» como empleadas del hogar.

Situaciones «bastante duras»

La delegada de Gobierno en Castilla y León remarcó que estas personas trabajaban jornadas de más de 14 horas diarias, sin contrato y sin ser dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social. Ramírez detalló que apenas tenían días libres ni descanso por «poco dinero», entre 600 y 800 euros y aseguró que encontraron con situaciones «bastante duras».

Los detenidos contactaban con las familias empleadoras y algunas empresas haciéndoles creer que estos trabajadores extranjeros estaban en vinculadas con organizaciones sociales y ong's para «con ese maquillaje» dar la imagen de que esas personas están «en situación regular» y se colocaban en sus casas como empleadas domésticas.

Podrían llegar a mil

El teniente coronel recordó que las víctimas, que según sus previsiones podrían llegar a ser mil en todo el país, pagaban al entramado criminal la cantidad económica que les exigían «sabiendo que estaban en España en situación irregular». Además, en algunos casos, certificaron que les obligaron a abortar si estaban embarazadas. Para estas personas, argumentó, es muy difícil que den el paso de denunciar situaciones de explotación laboral porque precisamente están en España de forma irregular.

La operación ‘Adelita’ fue coordinada por el Juzgado número 4 de Segovia y desarrollada por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Comandancia de Segovia y agentes de otras comandancias y el Servicio Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que dieron inicio, a expedientes sancionadores a los empleadores, por infracciones «muy graves» que pueden llevar aparejados sanciones económicas entre los 10.001 y los 100.000 euros, por vulnerar la Ley sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.