Coronavirus Castilla y León: qué tiene que ocurrir para llegar otra vez al confinamiento domiciliario

Y esa propuesta «se está analizando», reconoció la consejera de Sanidad, Verónica Casado. No sería inmediato, pues se deben valorar las «tendencias» y la repercusión a al menos una semana vista de las medidas ya adoptadas como el toque de queda que se implantó el pasado sábado. El próximo martes, además, se aprobará el llamado «semáforo Covid-19» para aplicar en Castilla y León para que se conozcan «de manera cierta» las medidas restrictivas a aplicar en función de la situación epidemiológica. Una nueva herramienta que permita a la población saber «a qué atenerse» y «dar certidumbre y seguridad» sobre las medidas en cada zona, señaló el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. El martes también se analizará la posibilidad de restringir la movilidad en algunas zonas , municipios o provincias en función de su situación epidemiológica.

Lo que ya está vigente hasta el 9 de noviembre es el cierre perimetral de la Comunidad, que es una de las acciones que permite al actual estado de alarma. De modo que ese confinamiento domiciliario que baraja la Junta no sería hasta después y pretende que sea «programado», «intenso» en su aplicación durante 14 días y, a poder ser, en todo el territorio. Sería el último paso si no hay un «atisbo» o «mínima posibilidad» de que otras medidas implantadas sirvan para dar un respiro a la presión del Covid-19.

Eso sí, por ahora es una decisión que la Junta no puede tomar, pues esa limitación de derechos que supone el confinamiento domiciliario no está contemplada en el estado de alarma vigente hasta el 9 de noviembre. Por eso, la Junta pide al Gobierno que habilite esta herramienta que permita a las comunidades decretar el confinamiento. «No quiere decir que se haya pedido -la vuelta a las casas- ya», precisó Casado. Por tanto, el confinamiento en los domicilios no es una decisión ya adoptada, sino una recomendación de los expertos que la Junta valora y para poder aplicarla reclama la herramienta jurídica y legal que lo permita en esta situación «extrema». Se adoptarán las medidas necesarias para cortar la transmisión y sin titubear, dejó claro Igea.