Condenado el presidente de una ONG a ocho años de cárcel por explotación laboral de toxicómanos

J.M.G. en su condición de presidente de una asociación sin ánimo de lucro y de un centro ocupacional en Mojados (Valladolid) se dedicaba a la captación en comedores sociales y centros asistenciales de personas en situación de necesidad, de marginalidad extrema, ya sea por su falta de recursos para subsistir o por su adicción a drogas o alcohol, bajo la promesa de llevar a cabo su rehabilitación personal y social con una completa asistencia. Sin embargo, en lugar de recibir la terapia prometida fueron «ocupados laboralmente en actividades que no respetan en modo alguno la normativa» y «con la única finalidad del enriquecimiento personal del acusado» , de acuerdo con la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La investigación comenzó con la denuncia de uno de los usuarios de este centro, que en una llamada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó de que estaba siendo explotado. La Guardia Civil comenzó entonces a indagar y destapó la trama que llevaba en marcha desde 2012, cuando el condenado contactó con una empresa de plásticos ubicada en Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia) con el objeto de venderles los residuos que recogían los internos, pero como quiera que éstos no estaban aptos para el reciclaje directo, se convino que desplazaran ellos hasta las instalaciones para la selección de los residuos, retirando el material impropio.

El condenado desplazaba en furgoneta a unas trece o catorce personas, internos en su centro, para trabajar en la mencionada mercantil, si bien únicamente tenía dados de alta en la Seguridad Social a un porcentaje mínimo de trabajadores, para «cubrir formalmente la apariencia de que respetaba la legalidad laboral». Y a media jornada, cuatro horas, cuando en realidad su trabajo se prolongaba hasta diez horas.

A través de dicha actividad obtuvo «importantes ingresos». Más de un millón de euros entre 2012 y 2015, cantidades que «no eran destinadas ni a la remuneración del trabajo de los internos ni al pago de la Seguridad Social», concluye el fallo, que apunta a que las nóminas se abonaban sólo a «algunos trabajadores, no todos» y que en todo caso no superaban los 500 euros .

El 30 de agosto de 2016 funcionarios de la Guardia Civil se personaron de la empresa de plásticos y encontraron allí trabajando a trece personas. Únicamente cuatro estaban dados de alta en la Seguridad Social y ninguno contaba con los EPIS adecuados a la labor que desempeñaban. En el vehículo en el que se desplazaban se halló documentación como talonarios, donde figuraba que se pagaba a cinco euros la hora , y anotaciones de la recaudación diaria de las huchas con las que obligaban a los internos a ejercer la mendicidad, alegando que lo obtenido era para la lucha contra el SIDA.

En el centro nunca se realizó ninguna actividad terapéutica destinada a la rehabilitación de las personas internas en el mismo, salvo la denominada terapia ocupacional, «auspiciada por el acusado en su propio beneficio», concluye el fallo de la Audiencia vallisoletana, que absuelve a la mujer del condenado, titular de la mercantil a la que se canalizaron los fondos y para la que la Fiscalía había solicitado ocho años de cárcel.