El CES exige «medidas urgentes» para paliar el cierre de oficinas bancarias en el medio rural

El CES denuncia que Castilla y León es, junto con Cataluña, la comunidad autónoma más afectada por el cierre de oficinas bancarias y muestra su «preocupación» por su creciente desaparición, que «está afectando especialmente al medio rural, agravando la situación de muchos pueblos que disponen cada día de menos servicios básicos, y, que además, cuentan con una población envejecida y en general, con pocas competencias digitales con las que afrontar las nuevas exigencias que se les quieren imponer, además de escasa cobertura digital».

El CES insiste asimismo en la importancia de reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales, donde se ubica un gran número de pymes, para conseguir que las últimas resulten atractivas, en especial para los jóvenes, y de esa forma se ayude a contrarrestar su despoblación.

Al respecto, considera que el teletrabajo y el trabajo a distancia pueden «contribuir a la lucha contra la despoblación , favoreciendo la digitalización de manera convergente e inclusiva y un desarrollo más sostenible».

El órgano consultivo también sostiene en su estudio que el comercio en el medio rural es «fundamental para el mantenimiento de la vida en los pueblos». Al respecto, reclama un impulso al comercio en el mundo rural que cuente con apuesta coordinada desde todas las administraciones públicas, ya que «eso supondría oportunidades para atraer más emprendimiento y actividad comercial en las áreas rurales, lo que repercutiría en un incremento de la población y creación de empleo».

En este contexto, reclama a la Junta que agilice la aprobación del anunciado Plan Estratégico del Comercio, en el cual «deberían ser objetivos prioritarios, consolidar el tejido comercial regional y evitar más cierres, y contribuir a la puesta en valor del comercio castellano y leonés y a su revitalización, tanto en los cascos históricos y los barrios de las ciudades, como en municipios del medio rural».

Por último, el CES defiende que el apoyo a la población inmigrante es «un deber social» y que su integración en la sociedad castellana y leonesa a todos los efectos y su incorporación activa en el mercado laboral «pueden contribuir a la lucha contra la despoblación en el territorio y el envejecimiento de la población de Castilla y León».