Simulacro realizado ayer por Plena Inclusión para los nuevos votantes
Simulacro realizado ayer por Plena Inclusión para los nuevos votantes - F. HERAS

Cerca de 10.000 personas con discapacidad intelectual podrán votar por primera vez en Castilla y León

Reclaman elecciones «fáciles de entender» para garantizar su accesibilidad

ValladolidActualizado:

La modificación de la Ley Electoral aprobada el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados permitirá que cerca de 10.000 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León -alrededor de 100.000 en España- puedan votar por primera vez en las próximas elecciones generales -también en las municipales, autonómicas y europeas-. Ayer, a falta de un mes para la primera cita electoral, miembros de diferentes asociaciones reunidas en Plena Inclusión se juntaron en distintas ciudades para reclamar, en el marco de la campaña «Mi voto cuenta», unos comicios realmente «accesibles», con medidas como la traslación de los programas y papeletas a lectura fácil.

Es uno de las demandas que puso sobre la mesa el presidente de Plena Inclusión, Juan Pablo Torres, quien denunció que este paso adelante dado por el sistema democrático en materia de inclusión se han visto «enturbiado» por una directriz de la Junta Electoral que mantiene que los apoderados e interventores adscritos a una mesa «puedan apuntar en el acto el DNI de quien considere que no está ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria», refiriéndose en concreto, según Torres, a las personas con discapacidad intelectual. Una medida que ya ha sido recurrida por las organizaciones ante la propia Junta, que por el momento ha respondido con un documento similar: «Desde Plena Inclusión consideramos que se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad en el derecho al voto tal y como planteaba la reforma aprobada unánimemente en el Congreso».

Este paso adelante en materia de inclusión se ha visto enturbiado por una directriz de la Junta Electoral que mantiene que los apoderados e interventores adscritos a una mesa «puedan apuntar en el acto el DNI de quien considere que no está ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria»

Así lo manifestaron también los propios afectados, que minutos antes de participar en un simulacro de una jornada electoral, reclamaron que administraciones y partidos políticos se pongan a trabajar para que el proceso electoral y los programas sean «fáciles de entender». «Todos los servicios de las administraciones públicas deberían ser accesibles», manifestó María del Mar Cano, miembro del Foro de Personas con Discapacidad intelectual de Plena Inclusión. «Pedimos a los partidos políticos que los programas electorales sean de fácil lectura y también que en sus listas incluyan a personas con discapacidad intelectual», añadió Mario Hernando, otro de los miembros del citado foro, quien se manifestó totalmente en contra de la directriz dada por la Junta Electoral, al tiempo que solicitó a «las familias profesionales y voluntarios» que les ayuden a «rescatar información» para decidir su voto, pero «respetando nuestra decisión a la hora de votar»..