Castilla y León «tira para adelante» en la vuelta a las 35 horas de los funcionarios

Precisamente para conseguir cumplir ese pacto sobre recuperación de los derechos de los empleados públicos, hoy está prevista una reunión con los sindicatos para analizar qué pasos tienen que darse para volver a implantar las 35 horas semanales -2,5 menos de las que existen ahora - en la región. Aún no está claro cuándo podrán regresar a esa jornada los funcionarios porque, a diferencia de la administración general, en la Comunidad hay que revisar los aspectos que deben modificarse.

Y es que tendrán que «reelaborarse» algunas cuestiones y «modificar» ciertas normas, alguna de ellas «con rango de ley», detalló. Habrá dificultades, sobre todo, en aquellos trabajadores públicos que trabajan a turnos que ya cuentan con unos calendarios que tendrán que «reelaborar». No obstante, explicó, que hay tiempo para negociar porque «afortunadamente» por delante quedan cuatro meses en los que los funcionarios tendrán «horario de verano», un aspecto que fue pactado en el citado acuerdo de recuperación de derechos que contempla las 35 horas desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

Sobre la petición de algunas centrales sindicales de que la recuperación del horario del que disponían los funcionarios antes de 2012 se haga con carácter retractivo desde el 1 de enero de este año, el portavoz de la Junta se limitó a decir que «podrán exigir lo que se acordó» que, según detalló, era la vuelta a las 35 horas semanales cuando Castilla y León cumpliese con los tres indicadores de estabilidad presupuestaria (déficit, regla de gasto y deuda).

Previamente, De Santiago-Juárez explicó los acuerdos del Consejo de Gobierno. Entre ellos, la Junta dio luz verde a 2,5 millones para la contratación en municipios mineros de trabajadorres desempleados para realizar obras y servicios de interés general. Además, se acordaron 17 millones para la modernización de regadíos del Canal del Páramo Bajo, sector VII, de León y Zamora, la aprobación del decreto para la reserva de plazas del servicio de transporte escolar en el transporte público regular y la creación por parte de la Consejería de Sanidad de una oficina de seguridad en la información.