Castilla y León, primera en contar con un sistema de inspección de másteres

A raíz de los polémicos casos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado -la polémica surgida la pasada primavera a raíz de los títulos académico otorgados de manera presuntamente irregular a la entonces presidenta del Comunidad de Madrid y el actual presidente del Partido Popular por la Universidad Rey Juan Carlos (que acabó con la dimisión de la primera)-, el consejero de Educación del Gobierno regional, Fernando Rey, ya señaló que aunque por lo general «el mundo del máster no es así», sí que existían aspectos por mejorar y lamentó la mala imagen que se está trasladando de este tipo de formación universitaria por tratarse de casos «muy sonoros».

Polémicas a las que ayer se sumaron las posibles irregularidades del máster de la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y exconsellera valenciana, Carmen Montón, también otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que la obligó a dar explicaciones públicas. No obstante, la modificación de la inspección y del regimen sancionador en materia universitaria ya estaba recogida en la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de 2017 en Castilla y León .

En ella se recuerda que corresponde a la Consejería competente en materia de universidades ejercer la inspección de las universidades y centros universitarios que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de Castilla y León, así como de «aquellas instituciones, empresas o centros no autorizados a impartir enseñanza universitaria y cuya actividad pueda ser constitutiva de alguna de las infracciones previstas en la ley». Esa misma normativa recoge que esta labor de inspección correrá a cargo de funcionarios de Educación competentes en materia de universidades, habilitados para el ejercicio de las funciones de inspección, así como por miembros del cuerpo de inspectores de educación. Para el ejercicio de esta función ya ha sido nombrada una inspectora de Educación de Valladolid, según ha podido saber este diario, que contará con un equipo de técnicos cualificados para este cometido.

Entre las tareas atribuidas a estos inspectores se encuentra conocer todas las actividades que se realizan en los centros universitarios, recibir de los representantes de estas instituciones académicas toda la información y documentación requerida, «así como libros y registros relacionados con los exámenes».

Contempla también un exhaustivo régimen sancionador para infracciones que van desde la muy graves (con multas de hasta 500.000 euros), cuando la institución incumpla los requisitos -también de calidad- exigidos para la implantación de la enseñanza universitaria o haga publicidad engañosa; graves (sancionadas con una multa de hasta 100.000 euros) y leves (multadas con hasta 30.000 euros).