Castilla y León, Asturias y Aragón piden alternativas al cierre de cuencas mineras

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido con los tres responsables autonómicos para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón.

El Ministerio exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón planes de transición justa que permitan dar un futuro a las zonas donde estén estas plantas, ha precisado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

En rueda de prensa anterior, Herrera ha calificado la reunión de positiva, ya que habían escuchado desde el Ministerio sus inquietudes «por una situación límite en amplias zonas» de sus comunidades.

Tras asegurar que no quería generar «falsas expectativas», ha indicado que estos procesos de transición conllevan «enormes sacrificios personales», por lo que ha pedido que sea justa, ya que hay otros factores como el demográfico o la desaparición de la actividad económica, fundamentales para el desarrollo de la comarca.

Lambán ha recordado que los tres presidentes llevan meses trabajando conjuntamente en el asunto y que tienen sintonía en sus posiciones en la búsqueda de alternativas para el cierre.

«La ministra sabe que cuenta con nosotros para una transición ecológica justa -ha añadido-, pero es obvio que debe reunir requisitos concretos» y ha apelado a la «responsabilidad social» de las empresas que hasta ahora han explotado las minas y las centrales, algunas de las cuales ahora se quieren desentender y toman las decisiones buscando su beneficio personal.

A su juicio, no puede haber «un cierre abrupto» en 2020 de las centrales térmicas, porque ello provocaría un «éxodo de población» en la comarca más próspera de Teruel, Andorra.

Fernández ha precisado que habían transmitido a la ministra que «no somos la aldea gala» pero que la nueva realidad «no puede colapsar lo que existe y hay que articular la actividad».

Ha insistido en que son «comarcas periféricas y necesitan de una atención especial, ya que algunas de ellas vienen de otros procesos de desindustrialización».

Los tres presidentes han invitado a la ministra a que visite las comarcas afectadas, lo que ha aceptado.

Herrera se ha referido a la coincidencia con Ribera en la necesidad de cooperar en la construcción de esa nueva realidad económica y social en esas zonas de minería y centrales térmicas, para lo que han pedido ser escuchados, porque no se puede «prescindir de la realidad actual para construir otra nueva».

Ha indicado que una empresa quiere mantener la explotación carbonífera abierta a partir del 1 de enero por lo que ha pedido tiempo para la devolución de las ayudas y que no se recorten los plazos.

Ha reconocido un acercamiento de la ministra a lo local, a los sindicatos, a los ayuntamientos y a las comunidades afectadas, que «no pedimos otra cosa que estabilidad, objetivos y plazos claros».

Para Lamban, cerrar las centrales en junio de 2020 es incompatible con una transición justa y ha planteado que las eléctricas arbitren fórmulas para continuar con la economía del carbón.

Los tres han considerado que el cierre en 2030 era una fecha incorporada en su cuenta de resultados y que si se acortan los plazos se les da un pretexto para el cierre.

Herrera se ha referido al fondo europeo de 5.000 millones para proyectos de escala estratégica a los que podrían acogerse las cuencas en su plan de reindustrialización, a que el Gobierno de España también aportará fondos y las comunidades no rehuirán partidas económicas, pero que lo importante es generar entornos atractivos para que se implanten las empresas.

La reunión de la ministra con los presidentes se produce después de que el último Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley de medidas para la transición justa de la minería del carbón, que, además de prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de trabajo, contempla destinar 100 millones en 2019 a políticas de transición justa y lucha contra el cambio climático en las zonas afectadas.