El alcalde de León a punto estuvo de tener que someterse a una moción de censura tras conocerse una conversación en la ofrecía información privilegiada al empresario José Luis Ulibarri
El alcalde de León a punto estuvo de tener que someterse a una moción de censura tras conocerse una conversación en la ofrecía información privilegiada al empresario José Luis Ulibarri - ICAL

Caso EnredaderaLa política se «enreda» para las urnas

Los investigados y señalados complican la elaboración de listas, sobre todo en la provincia de León, mientras los partidos tratan de sacar rédito a la presunta trama de corrupción

ValladolidActualizado:

Como una planta trepadora, las «ramas» del caso Enredadera siguen creciendo y agarrándose con fuerza no sólo a las paredes del ámbito judicial en el que surgió, sino también a las del político, del que se suministró de «nutrientes» para extenderse y al que sigue asida con fuerza. Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 son el «abono» perfecto que han comprado los partidos para seguir «alimentando» a esta Enredadera, con hojas de todos los colores políticos -hay investigados de PP, PSOE y Ciudadanos-, además de los empresarios que se encargaban de extender la presunta corrupción a través de una trama que comenzó en Cataluña y se extendió por toda España, incluida Castilla y León, donde echó raíces y con intención de crecer y reproducirse - «llegó para quedarse» y extenderse con otros «amaños», señala el sumario- en León capital y provincia.

Son varios los políticos señalados, bien como investigados o por sus conversaciones con José Luis Ulibarri, el empresario considerado cabecilla, «jefe» y «Dios» de la trama en Castilla y León, pendiente de juicio también por la Gürtel, y que hace unos días salió de la cárcel de forma provisional tras más de dos meses en prisión. El estar señalados complica y condiciona la confección de listas, varias de ellas en plazas importantes para los diferentes partidos. Además, las diferentes fuerzas se agarran al caso como a un clavo ardiendo para cargar contra el adversario político.

El hecho de que la operación saltase a menos de un año de la cita con las urnas para las municipales y autonómicas -los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) llevaron a cabo registros y detenciones por toda España el pasado 3 julio- ha brindado en bandeja un arma arrojadiza para las formaciones políticas, que tratan de sacar rédito a las «malas hierbas» del campo contrario en las que la «enredadera» arraigó.

La cercanía de las elecciones se ha notado desde que se destaparon los primeros brotes de las investigaciones y ha marcado un verano intenso para la política en Castilla y León. Lejos del asueto estival, la presunta trama de corrupción ha caldeado el ambiente más que el sol, con una sucesión de dimisiones, mociones de censura y amenazas de apear a alcaldes no vista antes. Sin olvidar la «purga» que algunos partidos han hecho entre los señalados de sus formaciones para intentar llegar «limpios» a una campaña que ya se intuye enturbiada.

Conversaciones con Ulibarri

Entre los señalados, nombres de plazas importantes como León o su vecino San Andrés del Rabanedo. En la capital del Bernesga cierto es que su alcalde, el popular Antonio Silván, no está investigado y la orden judicial se limitó a pedir el registro e intervención de documentos y equipos concretos del Ayuntamiento, pero también que una conversación suya con José Luis Ulibarri a punto ha estado de costarle la Alcaldía. En la charla telefónica recogida en el sumario del caso, el regidor le ofrece al empresario información privilegiada sobre una mesa de contratación que se está celebrando. Argumento usado por la oposición para pedir su «cabeza», salvada «in extremis» por Ciudadanos, que no respaldó la moción de censura impulsada por el PSOE, aunque deja a Silván tocado y ahora pone en entredicho que pueda repetir por segunda vez como cabeza de cartel.

Eso sí, costó la marcha de quien fuera concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito «Yiyo», citado en numerosas conversaciones de los cabecillas de la trama - José Luis Ulibarri y su socio Ángel Luis García «El Patatero»-, a quien también se intervino el teléfono y llamado a declarar como investigado.

Y en la cercana casa de enfrente de San Andrés del Rabanedo, quien no ha podido conservar su puesto en el sillón de la Alcaldía es María Eugenia Gancedo. El PSOE ha forzado la marcha de su regidora, de quien el Ministerio Fiscal asegura en el sumario que «ninguna duda existe» de que habría brindado «durante meses» una «reitera ayuda» a los empresarios investigados, por lo que considera que cometió presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude. Y Gancedo, para quien el juez ordenó su detención el 3 de julio, pero ese mismo día quedó en libertad, no lo hizo sola. Junto a ella, otros dos ediles del PSOE que también están señalados en el sumario y para quienes el juez ordenó su detención consumaron el miércoles su salida del Ayuntamiento: Miguel Ángel Flórez y Santiago Blanco. Abel Iglesias, también elegido en lista socialista en mayo de 2015, fue baja en una sesión en la que también se ratificó la marcha de Francisco Gómez (PAL), socio de Gobierno y para quien el magistrado instructor también instó su arrestó. Su marcha no sólo implica un cambio de cara en la Alcaldía, sino que los socialistas tendrán que elegir nuevo cabeza de cartel de cara a las elecciones de 2019, para las que María Eugenia Gancedo ya había sido designada hace unos meses de nuevo como candidata.

Pero sí sigue en la Corporación Juan Carlos Fernández, ahora como no adscrito, pero que fue cabeza de cartel de Ciudadanos, formación por la que también logró entrar en la Diputación de León, aunque que fue expulsado de las siglas naranjas tras conocerse que está investigado en el caso Enredadera. Como parte clave del engranaje de la trama en León, el sumario también apunta a su compañero de partido y asesor de Cs en la institución provincial Sadat Maraña, quien jugaba con el peso de sus ediles para meter presuntamente la mano en los amaños.

Al igual que San Andrés del Rabanedo, el también municipio leonés de Villaquilambre constituyó otro de los objetivos «principales» de la trama corrupta, probablemente debido «al alto nivel de influencia que ostentaban sobre los políticos locales y algún técnico municipal», señala el sumario. Y aquí se encuentran también otras de las víctimas políticas «estranguladas» por esta «enredadera». Primero cayó la concejala Mónica Varón -a quien el juez ordenó detener en un primer momento-. Dimitió por la presión de los ediles de Ciudadanos para evitar la moción de censura contra el alcalde. Aunque su marcha fue en balde, pues finalmente Manuel García (PP) se vio apeado de la Alcaldía. Su nombre, puesto en el centro de la diana por los cabecillas de la trama, llevó al juez a escribirlo entre las detenciones a realizar el 3 de julio, al igual que su concejal Jesús de Celis.

Pieza separada

Sin salir de León, otra de las plazas en las que se movían José Luis Ulibarri y Ángel Luis García en busca de amaños con los que hacerse con adjudicaciones de contratos y obras es Astorga, aunque en este caso por otro tipo de trabajos. De hecho, de forma «casual» las escuchas de la Policía por esas supuestas manipulaciones vinculadas a la gestión del tráfico llevaron a tener que abrir otra pieza separada de León, en la que destaca el nombre de Astorga. Y ahí, su alcalde, Arsenio García. Todo apunta a que el PP tendrá que buscar aquí otro nombre para las próximas elecciones municipales después de que el propio regidor se diera de baja en la formación de la gaviota, que ya le había abierto expediente después de pasar por Comisaría. Eso sí, continúa como alcalde, pues sigue manteniendo el apoyo de sus concejales. Hace unos días se confirmó que pasaba a ser independiente, lo mismo que los concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán, también investigados en esa pieza separada.

En las filas del PSOE también ha habido bajas que conservan sus puestos. Caso destacado es el de Joaquín Llamas, que continúa como alcalde de la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo y con su puesto como diputado provincial. Lo hace suspendido de militancia y apartado de su puesto destacado en la Ejecutiva regional del partido que encabeza Luis Tudanca, donde ostentaba el puesto de secretario autonómico de Política Municipal. En las conversaciones intervenidas se evidencia su papel en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la Mancomunidad del Alto Órbigo.

La misma operación que llevó a Enrique Busto a dejar las filas del PSOE, partido por el que concurrió en 2015 y se hizo con la Alcaldía de Hospital de Órbigo. Continúa con el bastón de mando, pese a reconocer su «error» por una conversación sobre este asunto con Ulibarri. Nombres de diferentes partidos que ven muy tocadas sus posibilidades de repetir como candidatos en plazas significativas que obligarán a los partidos a hacer maniobras para confeccionar las listas.