El consejero de Fomento, en una vivienda en Matachana (León), la última en incorporarse al parque
El consejero de Fomento, en una vivienda en Matachana (León), la última en incorporarse al parque - ABC

Casi el 85% de las viviendas del parque de alquiler social están ya habitadas

Se han firmado en torno a 1.500 contratos con personas o familias que tienen escasez de recursos

ValladolidActualizado:

El parque público de alquiler social de Castilla y León dispone actualmente de 1.876 viviendas repartidas por toda la geografía de la Comunidad, a disposición de las personas y familias en situaciones económicas y sociales difíciles. Del total, cerca de 1.500 -el 84 por ciento- se encuentran ya ocupadas por sus beneficiarios, un dato que la Junta de Castilla y León «espera mejorar» teniendo en cuenta que el objetivo «es que se alcance la ocupación total» de estos pisos sociales.

El número de viviendas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a las incorporaciones de diferentes procedencias. Así, a las propias de la Junta de Castilla y León -en la actualidad son 1.413- se han unido las cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -100-, las procedentes de convenios con ayuntamientos y obispados -194- y las construidas por Somacyl en régimen de alquiler con opción a compra -169-.

Esta situación ha supuesto que el parque prácticamente se haya duplicado desde 2013 al pasar de las algo más de mil casas disponibles a las casi 1.900 que existen a día de hoy.

Además, según detallaron desde el Gobierno regional, aún no es posible residir en la totalidad de las viviendas debido a que algo más de una de cada diez -195- están siendo sometidas a obras de reparación o precisan de ellas. Del mismo modo, la Junta reconoce que quedarían un total de 105 pisos que son los que faltan por adjudicar debido a que están situadas «en el medio rural, donde la demanda es baja».

Viviendas vacías en los pueblos

Al respecto, aclaran que la mayoría de los solicitantes piden que su vivienda está ubicada «en las capitales» y «rechazan la oferta de instalarse en pueblos de las provincias», por lo que aún están sin «colocar» un 22 por ciento de las cedidas por Somacyl y por los ayuntamientos y obispados. Como ejemplos, señalar que de los pisos disponibles que hay en Salamanca y León, «ninguno» está en las capitales.

La última incorporación al parque público ha sido la vivienda del maestro de la localidad leonesa de Matachana -término municipal de Castropodame-, que ha sido cedida por el Ayuntamiento para su rehabilitación dentro del programa Rehabitare.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha invertido en su reparación y acondicionamiento 55.000 euros en las obras realizadas en la cubierta, nuevos tabiques, carpinterías, alicatados en cocina y baño, nueva instalación eléctrica, calefacción, pintura, etc.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó recientemente esta última vivienda y destacó con este motivo el «gran trabajo» que se está desarrollando en materia de vivienda gracias a la colaboración y coordinación entre administraciones, que «está permitiendo que muchas familias con pocos recursos tengan acceso a una vivienda digna».

Esta es una de las 137 viviendas que la Junta de Castilla y León ha rehabilitado en el medio rural mediante el programa Rehabitare, que se destinan al alquiler para personas y familias con dificultades económicas, ya que de otra forma «les sería muy difícil acceder a una vivienda en el mercado libre».

El programa consiste en la cesión a la Junta por parte de los ayuntamientos de las viviendas en desuso de su propiedad, la Consejería las rehabilita para ofrecerlas posteriormente en régimen de alquiler social. Después, son los respectivos ayuntamientos quienes ofrecen los domicilios en régimen de alquiler social a las familias, con preferencia a aquellos colectivos de especial protección que figuran en la ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León; igualmente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder de la tercera parte de los ingresos de los inquilinos.

Además del programa Rehabitare, el parque público de alquiler social se nutre también de las aportaciones de los Obispados que, al igual que los ayuntamientos, están cediendo sus casas rectorales disponibles en el medio rural. La Consejería ha firmado convenios de colaboración con la iglesia en León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia. En ambos casos se trata de pisos ubicadas en los cascos urbanos, lo que permite contar «con todo tipo de servicios, evitando además el deterioro del patrimonio municipal y eclesiástico y mejorando la estética urbana».

En un comunicado recogido por Ical, Suárez-Quiñones defiende que estas actuaciones contribuyen a luchar contra la despoblación «de forma relevante» al proporcionar «actividad económica, servicios y confortabilidad», dinamizando además «la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local y, al mismo tiempo, satisface el derecho a la vivienda a las personas y familias más necesitadas».