Bruselas abre la puerta a la revisión de las políticas de protección del lobo al sur del Duero

Este nuevo escenario es consecuencia de un informe técnico que puso el acento hace dos meses en que la aplicación de la directiva comunitaria de Aves y Habitat podría estar alejada de la realidad de algunas regiones, con unas líneas globales para toda la Unión Europea que podría generar conflictos en casos concretos. A raíz de este documento se planteó un plan de acción con quince medidas, entre las cuales se enmarca el análisis de la situación del cánido, considerado especie protegida al sur del Duero -al norte no lo es y se controla mediante cupos de caza-, donde, explicó Suárez Quiñones, la población se ha ido recuperando en los últimos años pero no cuenta «alimentación natural y van a la ganadería extensiva».

A raíz de este nuevo escenario existe el «compromiso por parte de la UE» en ofrecer una «solución al problema que concretamente tiene Castilla y León» y que también se da en otros países. Para establecer la hoja de ruta, desde Bruselas se ha entendido que «hay que estar en el territorio y concretar» desde el mismo qué hacer. De ahí, que el plan sea que los expertos se desplacen a la Comunidad . Primero, en unas dos o tres semanas, habrá una reunión técnica en Bruselas a tres bandas entre la UE, el Gobierno y la Junta, donde se planificarán los encuentros que a continuación se mantendrán al sur del Duero.

En Castilla y León se citarán con «los interesados, con los sectores afectado, ganaderos y conservacionistas». y una vez «conocido todo el problema» si se estima oportuno se analizarán «las soluciones jurídicas que tuvieran que implementarse para que sin modificar la directiva, que no se va a modificar, pueda haber una aplicación práctica que de lugar a la solución». Esta pasaría para la Junta por el establecimiento de cupos de caza que permitieran un control poblacional como el que ya ejerce al norte del rió, donde la especie no es protegida.

Aún es pronto para saber si esta posibilidad estará sobre la mesa. De momento, Suárez-Quiñones quiere ser «cauto» y advierte de que momento «no sabemos las conclusiones finales. Se ha abierto el proceso de acercamiento al territorio y búsqueda de soluciones entre todos los interesados». Una paso que de por sí para la Junta ya es «satisfactorio» porque es «responsable lo que mantiene la UE», puede restar rigidez a la normativa comunitaria y Castilla y León va a ser «parte de la solución» al ser una de las invitadas a las reuniones que debatirán sobre la situación «con todos los sectores».