El juicio por las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia sigue adelante

El principal escollo que plantearon las defensas de los acusados fue que no consideraban a la Fundación Caja Segovia como perjudicada por los delitos patrimoniales y socioeconómicos que se les imputan a los acusados y no se le podía tener en cuenta como acusación particular en cuanto a que no había sumido «obligación alguna derivada de las prejubilaciones», ya que se habían derivado los activos y pasivos de la entidad al Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en el marco del proceso de integración en Bankia. No obstante, la Sala ha considerado legitima su personación porque es «directamente la ofendida y perjudicada» del caso.

El auto de la Audiencia Provincial argumenta que Caja Segovia trasmitió en bloque a BFA la totalidad de su patrimonio empresarial, pero sin que Caja Segovia se extinguiera entonces, quedando la personalidad «matriz», en la parte no segregada, los activos y pasivos de la obra social, aquéllos que por restricciones no podían ser traspasados y la marca. De ahí, «que conserve su NIF pues mantiene su personalidad jurídica primigenia». Posteriormente, quedó transformada, por imperativo legal, en Fundación Caja Segovia y «resultaba ser la parte ofendida por cuanto Caja Segovia era la titular del capital que, según las acusaciones, se dispuso de forma indebida para las prejubilaciones; y también quien directamente resultó perjudicada de la dotación de las pólizas a tal efecto».

Al expresidente Atilano Soto; el exvicepresidente Manuel Agudíez; la exvicepresidenta segunda Elena García Gil; el exdirector general Manuel Escribano; el exsecretario general Antonio Tapias, y el exresponsable de Recursos Humanos Enrique Quintanilla se les acusa de apropiación indebida y administración desleal. Los seis exdirectivos se enfrentan a peticiones de penas de entre tres y nueve años y la restitución de las cantidades percibidas.