Arranca el juicio por el caso Larralde: siete acusados y un crimen lleno de interrogantes

Una llamada a las 22:36 horas sacó a Roberto Larralde de su casa el 13 de septiembre de 2014. Jamás volvió. Su familia denunció su desaparición convencida de que su ausencia no era voluntaria y cinco días más tarde se desvelaba su trágico final. Unos perros que formaban parte del dispositivo de búsqueda creado para dar con él hallaban su cadáver en Santa Olaja de la Ribera, cubierto por ramas, semienterrado y con un disparo en la cabeza. No tardaron en producirse las primeras detenciones.

La última llamada que recibió Roberto era de José Ramón Vega (para el que el Ministerio Fiscal pide 20 años de cárcel por asesinato y dos más por tenencia ilícita de armas y la acusación particular 25 años por el primero de los delitos y dos por el segundo). Ambos se citaron para ir a Santa Olaja de la Ribera inmediatamente después, y de su encuentro constan dos versiones que el jurado deberá valorar en el auto de hechos justiciables. Por una parte, se dice que el motivo de su reunión era ir a «dar un palo de chocolate» a Santa Olaja, donde José Ramón asegura haber dejado a Roberto acompañado de unos desconocidos, ignorando qué pudo ocurrir después con él. La otra sostiene que, una vez allí, y aprovechando que Roberto caminaba delante, José Ramón le efectuó un disparo por la espalda que impactó en su cabeza y que le causó la muerte “casi inmediata por destrucción de centros cerebrales”.

Con la detención de José Ramón se produjo también la de Julio López, empresario de la madera como él y compañero sentimental de la mujer de Roberto Larralde, Miriam Caballero. Según el auto, aprovechando la amistad existente entre los dos y que José Ramón acudía a Julio «cuando tenía apuros económicos», éste pudo haberle «encargado» la muerte de Roberto «de común acuerdo con Miriam, planificando ambos el crimen». Para Julio el fiscal pide 20 años de prisión y la acusación particular 25.

Con dos hijos en común con Roberto, Miriam estaba separada de hecho de él por una orden de alejamiento y su coartada para la noche del crimen es que viajó a Madrid con Julio y dos amigas para volver al día siguiente. Para ella el Ministerio público reclama 23 años de cárcel por asesinato con la agravante de parentesco y la acusación particular 25 años y la privación de la patria potestad de sus hijos menores.

Además de ellos, otras cuatro personas se sentarán en el banquillo de los acusados: Froilán Álvarez, Carlos Heli de la Red, Antonio Gabarri y Adrián Martínez. Froilán es detective privado de profesión y, según se detalla en el auto, el plan para asesinar a Roberto contó con su «colaboración necesaria», al haber proporcionado asesoramiento a Julio sobre cómo salir airoso de ello. El 4 de julio de 2014 acudió a la Comisaría de la Policía de León para interesarse por si estaba vigente una orden de alejamiento de Roberto en relación con su mujer Miriam, ya que le constaba que estaban viviendo juntos en Santibáñez del Bernesga.

El día del crimen, sobre las 21 horas, José Ramón, Julio y Froilán (para el que el fiscal pide 20 años de prisión por asesinato y de forma alternativa 10 como cómplice y la acusación particular 25) mantuvieron una reunión en un bar junto a otro de los acusados, Carlos Heli, empleado de Julio, que se encargó de recoger el móvil de José Ramón esa misma noche con el fin, siempre según el auto, «de impedir la localización de éste en el momento del hecho y devolvérselo horas más tarde». Para él –que asegura que no tuvo nada que ver en la muerte de Roberto, limitándose a cumplir con una orden que le hizo su jefe, al que dice no haber pedido explicaciones- se solicitan las mismas penas que en el caso de Froilán.

Por su parte, los otros dos acusados, Antonio Gabarri y Adrián Martínez, están relacionados con el arma del crimen. Adrián se la vendió a Antonio y éste, a su vez, a José Ramón. La pistola carecía de guía de pertenencia y ninguno tenía licencia de armas. En su caso, si bien el Ministerio Público pide únicamente dos años de cárcel para cada uno por tenencia ilícita de armas, la acusación particular eleva la pena a 25 años por asesinato y dos más por tenencia.

Las versiones de todos ellos y las pruebas practicadas serán evaluadas durante las próximas semanas por el jurado popular, que será el que determine cuál va a ser su destino.