Jose Antonio García de Coca a su llegada al juicio por el caso de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, en una imagen de archivo
Jose Antonio García de Coca a su llegada al juicio por el caso de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, en una imagen de archivo - ICAL
Tribunales

Archivan la causa del PGOU de Valladolid para diez de los acusados, aunque mantienen en el banquillo a la cúpula

Continúa como encausado el exconcejal José Antonio García de Coca y los técnicos municipales

ValladolidActualizado:

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid acordó este miércoles el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos en relación a la manipulación cometida entre 2002 y 2007 para favorecer a determinados empresarios.

Según fuentes judiciales, el presidente de la Sala, José Luis Ruiz Romero, informó de esta decisión durante la comparecencia a la que estaban citadas todas las partes personadas en el «caso PGOU» para resolver la prescripción de delitos. Así la resolución declara prescritos los delitos que se les imputaba a G.J.G., R.H.M., P.L.M., F.C.B., J.A.A.R., J.L.G.T., E.J.G.T., J.L.M.M., A.R.P.G. y L.C.C. y mantiene en el banquillo al exconcejal José Antonio García de Coca y a los técnicos municipales.

En consecuencia, se decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones respecto a todos ellos. No obstante, contra este auto la Fiscalía o la acusación particular, que ejerce la Federación de Vecinos Antonio Machado, podrán interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación, informa Ical.

El tribunal de la Sección Cuarta decidió el 19 de septiembre suspender temporalmente la vista oral del juicio del llamado «caso PGOU», hasta resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que solicitaron la prescripción de los delitos y la vulneración del derecho a la defensa al no disponer de la documentación completa de toda la causa y por irregularidades en la instrucción.

Penas

La Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

En cuanto a los empresarios, la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel para Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por último, la acusación particular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, mientras que también acusa al sacerdote Lino Collazo, entonces responsable de la Fundación Emilio Álvarez.