Aplazado el juicio contra León de la Riva debido a la enfermedad de su abogado

De momento, según confirmaron fuentes de la Audiencia a la Agencia Ical, no hay nuevas fechas para un juicio que estaba previsto que arrancara mañana, 25 de abril, y que se prolongara hasta el próximo viernes.

La Fiscalía solicita para De la Riva una condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental por las tres cartas de conformidad que firmó en 2008, 2010 y 2011 sin seguir el procedimiento establecido para acceder a un crédito vinculado con el soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

Según el escrito de acusación del fiscal, de la Riva, Blanco y Sánchez tramitaron las cartas de conformidad sin ningún procedimiento. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 201, avaló un crédito de 400 millones de euros SVAV.

Además, el Fiscal sostiene que se firmaron las cartas de conformidad sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto y ello a sabiendas de que no se estaba siguiendo el oportuno trámite legal. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León.

Respecto de la tercera carta de conformidad, la firmada en 2011, también se apunta que se hizo sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento.

A su vez, el fiscal sostiene las cartas de conformidad no eran una «mera manifestación de confianza de la capacidad de gestión...» y constituían un garantía que podía servir como fundamento para que las entidades crediticias pudieran exigir el pago de parte de crédito a la corporación municipal.