Admitido a trámite el recurso de la Junta contra la orden que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero

En el mencionado decreto, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a los servicios jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda, según revela la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Ical.

A su vez, en el decreto de la Audiencia Nacional se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los servicios jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del río Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto.

Como señala el director de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, con esta impugnación «el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos , que son la verdadera víctima de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante un régimen excesivo de sobreprotección del lobo, en una Comunidad Autónoma en la que, en el año 2020, se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques», recoge Ical.

«La orden perjudica al sector agrario de Castilla y León, una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en esta tierra, frente al 36 por ciento que supone en el resto de España», ha continuado esgrimiendo González Gago. «La ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario», ha añadido.

Por último, desde la Junta recuerdan que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha tomado «sin ningún diálogo con las Comunidades especialmente afectadas», en relación a Galicia, Asturias, Cantabria y la propia Castilla y León.