El 94% de las viviendas de uso turístico contabilizadas ya cumplen la nueva norma

En concreto, 264 titulares se han incorporado a ejercer la actividad de alojamiento en la modalidad de uso turístico de las 280 que a febrero de 2017 tenía controladas la Junta que pudieran someterse al nuevo decreto-ley -el sector denunciaba que podían ser hasta 3.000 las que estaban en esta situación «alegal»-, lo que significa que el 94 por ciento de los establecimientos previstos por la Junta ya cumplen los requisitos exigidos por una norma cuyo objetivo principal era evitar las prácticas de intrusismo en este tipo de alojamientos y la competencia desleal con la oferta de pisos privados. Pese a ser los más graves, no son los únicos incovenientes que se derivaban de esta laguna legal. Incertidumbre para el turista, incomodidades en las comunidades de vecinos... Hace tiempo que el sector llevaba denunciando el problema y la Junta lo ha querido poner coto esta legislatura.

De ahí que la masiva inscripción de los alojamientos que tenía controlados en apenas tres meses sea valorado «muy positivamente» por la Dirección General de Turismo puesto que «por un lado, impulsa el crecimiento de la oferta turística y de la actividad económica vinculada al sector y, por otro, evidencia la necesaria regulación de este tipo de alojamientos a través del Decreto 3-2017 de 16 de febrero », señalan fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo. Esta buena acogida da muestra, según las mismas fuentes, de que se ha trabajado en la buena dirección, y eso a pesar de que esta misma semana el decreto mencionado recibía un toque de atención por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) por entender que la normativa aprobada por la Junta incluye párrafos que «restringen la competencia y perjudican a los usuarios», además de «favorecer injustificadamente a las empresas ya instaladas» y ser «contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea». Estas acusaciones llevaban a este órgano a anunciar que, si no modifican el texto, recurrirían este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tal y como han hecho con la autonomía vecina de la Comunidad de Madrid, Galicia y Canarias.

La Dirección General de Turismo defiende, en cambio, que la nueva regulación ha pretendido siempre «mantener un equilibro entre la garantía de los derechos de los turistas, los intereses de los titulares de las viviendas de uso turístico y los del resto del sector empresarial turístico».

Precisametne este citado sector empresarial, en concreto, el más directo competidor de los nuevos negocios regulados, los apartamentos turísticos, no entiende muy bien las acusaciones de la CNMC. «No veo que la nueva normativa sea muy restrictiva», señala Carlos Inestal, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Apartucyl) , y en concreto, hace una referencia a una de las exigencias que critica la citada comisión, la necesidad de que este tipo de viviendas tengan asistencia telefónica las 24 horas del día: «¡Qué menos! Hay que dar al cliente un servicio por el que paga». «Al final va en la calidad del turismo que queremos ofrecer», coincide un empresario salmantino que prefiere no identificarse, dueño de 20 apartamentos en una de las ciudades que iba camino de «un problema serio» ante la laguna legal. Otra cuestión, añade Inestal, es si el Gobierno regional va a tener capacidad para vigilar si esos alojamientos que ahora se han acogido a la normativa seguirán con el tiempo cumpliendo los requisitos exigidos o controlar todos aquellos establecimientos que se comercialicen en las páginas web.

Desde la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia , su presidente, Domingo Asenjo , coincide con el anterior empresario en que la nueva normativa es «menos exigente» comparado con la de los apartamentos y ve «muy necesaria» la regulación pues cree que hasta su entrada en vigor es cuando realmente han estado sufriendo «competencia desleal».