Vicente Rouco: «Lo del 'lawfare' es despreciable...no existía cuando estaban en la oposición»

—Eso es un cierto sentimiento nacionalista.

—Nacionalista no, nacionalista de España, con sentimiento de pertenencia a la patria y el sentirme español. El cariño por las raíces, por la tierra, es muy importante, pero ese sentimiento no se puede separar en modo alguno de la esencia de la nación española.

—Con lo que dice, no le veo muy partidario de la Ley de Aministía.

—Pues la verdad es que no. Como jurista y como ciudadano tengo que decir claramente que no me parece el instrumento jurídico adecuado para solucionar los problemas. Además, introduce un factor de desigualdad que es difícilmente explicable y justificable. ¿Por qué unos determinados ciudadanos que se enfrentan a un proceso judicial, que han sido juzgados y condenados, merecen una amnistía y otros no?, ¿en razón de qué?

—¿De intereses políticos?

—Eso no está amparado, desde mi punto de vista, por los principios constitucionales. Introduce un factor muy perturbador porque viene a decir que si por razones políticas me interesa que la ley no sea igual para todos...no creo que deba ser así. Además, en este terreno no me importa ser claro porque estamos hablando de las cosas que son verdades importantes.

—Anunció hace unos días que deja el cargo del presidente del TSJ, pero no se jubilará hasta los 72.

—Claro, el que se siente juez de verdad, cuando es vocacional como es mi caso y tiene salud, la verdad es que la justicia me apasiona y me seduce, igual que me sedujo -en el buen sentido de la palabra, enamorándome de ella- mi mujer, pues la justicia para mí es como una especie de ideal para los que nos sentimos un poco quijotes y tenemos interés de servir. Un juez se hace juez por vocación, no por dinero. La profesión judicial está retribuida con cierta dignidad, no nos hacemos ni mucho menos ricos -incluso habría que actualizar las retribuciones correspondientes-, pero lo que nos mueve es el afán de mejorar las cosas, de servir al Estado, a la nación. Es una manera de servir a la patria con el Derecho.

—¿Cree que para ser juez hay que ser buena persona?

—Hay que ser buena persona siempre, en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Yo no puedo definirme como buena persona pero sí intento hacerlo lo mejor que puedo y con la mejor buena fe. Hay que creer en lo que se hace y tener una serie de valores, de principios, y ser coherente y comprometerse con ellos. Son los deberes constitucionales del bien, la verdad, la justicia. La ley, si es una ley justa, tiene que responder a esos valores y principios. Y eso es lo que he intentado todos los días de mi vida a lo largo de estos 42 años, y seguiré haciéndolo hasta el día que me jubile.

—¿Entonces, cómo se queda usted al ver la actitud de algunos jueces? Por ejemplo, el tratamiento que dio el juez cuando interrogaba a la víctima de la supuesta agresión sexual que le imputan a Íñigo Herrejón.

—Tengo que partir de que no conozco al detalle las noticias judiciales diferentes a las que conciernen al ámbito de mis competencias. Y por propia deformación profesional, no suelo hacer una valoración profesional de lo que no he visto. He oído hablar de ello...

—Salió en las televisiones el vídeo del juicio en cuestión.

—Sí, he visto algunas frases, pero muy de pasada. Para poder hacer un juicio crítico completo necesitaría observar completamente el desarrollo de la actuación y poder tener una opinión. Quiero ser prudente en ese tema. Lo que sí puedo decir con carácter general es que la actitud de todo juez a la hora de enfrentarse a un caso judicial tiene que ser de pleno respeto a las personas que son sujetos de la justicia, ya sean testigos, acusados o víctimas.

Es verdad que hay determinados delitos -estamos en presencia de uno contra la libertad sexual- donde el testimonio de la víctima es clave. Yo estoy acostumbrado, como presidente de la Sala Civil y Penal del TSJ, a presenciar este tipo de delitos más frecuentes de lo que desgraciadamente es deseable, y hay casos en que es difícil tomar la decisión porque son delitos que se cometen en la intimidad, aprovechándose precisamente de esa intimidad, y entonces el testimonio de la víctima es clave para llevar a una persona a prisión. El acusado de estos delitos se enfrenta a penas muy severas. Pero sin entrar a valorar la actitud del compañero porque no conozco los pormenores, con carácter general yo tengo que insistir en que es importante el respeto. A veces el respeto se pierde y para eso están los mecanismos de depuración de las responsabilidades de un juez. Un juez es independiente pero es responsable y puede llegar a la responsabilidad disciplinaria. Ese es uno de los cometidos que tengo como presidente del TSJ, el velar por este tipo de cosas y, aunque es desagradable, no me duelen prendas para hacerlo.

—Usted ha hablado en numerosas ocasiones de que en el ámbito judicial de Castilla-La Mancha faltan medios y personal. ¿Cree que si tuviera la Comunidad autónoma las competencias en Justicia esto iría mejor?

—Es uno de los retos que me marqué cuando llegué a la Presidencia del TSJ porque se observaba que todas las comunidades que habían asumido las competencias habían mejorado en lo que se refiere a la dotación de medios personales y materiales. De hecho, el Ministerio de Justicia y el CGPJ consideraban positivo entonces completar el proceso en todas las Comunidades autónomas que no tenían las transferencias, como era Castilla-La Mancha.

—¿Y qué pasó para que no fuera así?

—Nos marcamos ese objetivo, y cuando fui a ver al presidente Barreda hablamos de que sería deseable la realización de un estudio de cómo estaba la Justicia y de los recursos que necesitaba para que la Comunidad autónoma no se encontrara con un déficit enorme al asumir las transferencias. Se llevó a cabo ese estudio, incluso se llegó a crear una Consejería de Justicia, pero a medida que avanzaba el estudio se iba poniendo de manifiesto la verdadera situación de déficit que tenía el TSJ y los órganos judiciales en cuanto a dotación de medios materiales y personales. Y todo esto se vio impactado de manera convulsa por la famosa crisis económica del 2007-2008, que fue terrorífica. Y en otra ocasión que fui a ver al presidente Barreda fui muy claro, y le dije, presidente, si no va a ser con las debidas garantías, es preferible no asumir las transferencias.

—¿Abordó más tarde este asunto con la presidenta Cospedal?

—La visité y me preguntó: ¿no vendrás a pedirme las transferencias? Y le contesté: no vengo a pedirte las transferencias, vengo a pedirte que se estudie y, si no hay posibilidades, que no se asuman porque queremos mejorar, no empeorar. Esa misma consideración se la trasladé al presidente García-Page, y le dije: lo importante es que funcione la Justicia.

—¿Y cómo le ha ido a la Justicia de la región con el Ministerio?

—Con las limitaciones correspondientes, el Ministerio de Justicia sin embargo sí ha podido dedicar recursos, en los distintos gobiernos, a Castilla-La Mancha, no en la medida en que nosotros reclamamos pero con la suficiencia en determinadas materias, como por ejemplo los recursos informáticos, las dotaciones de infraestructuras, y se sigue haciendo. Y la prueba de que esa decisión es correcta es que Castilla-La Mancha es puntera en recursos tecnológicos en relación a otros tribunales superiores de justicia. Yo ahora mismo soy un ardiente defensor de la centralización de competencias en materia de medios materiales y personales, sin perjuicio de la necesaria y correcta colaboración y coordinación con la Comunidad autónoma.

—Hemos visto en los últimos tiempos cómo ha saltado a la palestra un término, el 'lawfare'; es decir, la judicialización de la política.

—Es despreciable todo lo que se está escuchando al respecto.

—¿Cree que no es cierto?

—Vamos a ver, la política da lugar a determinado tipo de actuaciones que desembocan en procesos judiciales y lo que no puede pretender nadie es que los jueces no hagan su trabajo. Tenemos una misión constitucional y hay que actuar con imparcialidad e independencia. Y el que no esté de acuerdo con las decisiones judiciales puede recurrirlas y acudir a los tribunales superiores, y por supuesto utilizar los mecanismos de defensa que tenga pertinentes. Pero descalificar y desvirtuar y deslegitimar -que yo creo que es lo que se quiere- la acción de los tribunales porque no me conviene, porque me es desfavorable, o porque me resulta incómoda, deslegitimándola y diciendo: «hay 'lawfare'»...Mire, aquí no hay 'lawfare', lo que hay es ejercicio independiente de la función judicial en una democracia. No acusaban de 'lawfare' cuando estaban en la oposición. Y ahora que están en otros destinos...

—¿Se refiere al PSOE o al Gobierno de la nación?

—Prefiero no etiquetar, pero es curioso: ¿antes no había 'lawfare' y ahora sí? Me parece que es una estratagema que pretende descalificar la acción de los tribunles. Pero los tribunales tienen un norte claro, que es el servicio al Estado de Derecho, y por supuesto el 'lawfare' es una cosa absolutamente despreciable.

—¿Cree que el fiscal general del Estado debería haber dimitido al estar siendo investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos ?

—Me abstengo de pronunciarme porque es una cuestión que desde el punto de vista institucional no me corresponde. Sí quiero expresar mi cariño y confianza en todos los integrantes del Ministerio Fiscal. La función de estos compañeros es importante para la labor del Poder Judicial y quiero desearles que todo se resuelva de acuerdo con ese sentimiento de cariño, aprecio y respeto a la dignidad, y expresar mi confianza en la acción de los tribunales. Si el Tribunal Supremo ha iniciado el proceso, hay que confiar en la acción de los tribunales. Nadie está exento a la acción de la justicia. Mi máxima confianza en la labor de todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los cuales conozco personalmente y son unos magistrados excelentes, independientes, intachables, honorables y grandes profesionales.