El Ayuntamiento de Toledo alega que su exclusión de los fondos EDIL carece de fundamento técnico y legal

Una petición que ya ha sido escuchada por el Ministerio de Hacienda que ha comunicado este viernes al Ayuntamiento de Toledo que amplía el plazo para presentar alegaciones en una semana. El nuevo plazo expira el próximo 24 de octubre a las tres de la tarde. La ampliación llega después de que varios ayuntamientos se hayan quejado de indefensión por no tener la documentación que explique los criterios de valoración de cada uno de los proyectos.

En este sentido, el escrito con las alegaciones, firmado por el alcalde Toledo, Carlos Velázquez, denunciaba que el Ministerio no ha facilitado la puntuación detallada ni el desglose por criterios de evaluación, a pesar de haberlo solicitado los días 3 y 10 de octubre, lo que, según el escrito, vulnera el derecho a la información administrativa recogido en el artículo 53.1 de la Ley 39/2015 y genera indefensión, al impedir conocer las razones exactas de la exclusión lo que puede determinar «que la resolución definitiva de concesión incurra en la causa de nulidad». Ahora, el Ayuntamiento espera que el Ministerio les remita toda la documentación para conocer todos los criterios de evaluación para poder reformular alguna de sus alegaciones.

Además de la indefensión, que parece que quedará desvirtuada con el nuevo plazo, el Ayuntamiento de Toledo señala también que la resolución provisional, además de «no estar motivada», no respeta el criterio de «proporcionalidad».

Las alegaciones sostienen que se se debería aplicar el prorrateo de las ayudas entre todos los municipios que superaron la puntuación mínima de 50 puntos, incluido Toledo, como establecen las bases reguladoras. En su opinión, debió aplicarse el apartado tercero 5 de la convocatoria, que prevé prorratear la senda financiera entre todos los planes seleccionados.

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El escrito argumenta que la resolución del Ministerio introduce criterios nuevos y no contemplados en las bases, como la denominada 'regla del 70%', que el escrito considera «arbitraria» o la referencia a un supuesto «equilibrio territorial», en lugar del equilibrio provincial que figuraba expresamente en la convocatoria. A juicio del Ayuntamiento, estas modificaciones «suponen una alteración sustancial de las condiciones del procedimiento» y vulneran los principios de «legalidad, transparencia, igualdad y objetividad». «La aplicación de criterios distintos a los establecidos en las bases no puede conllevar la exclusión de proyectos que cumplen los requisitos y superan la puntuación mínima», sostiene el documento. «Se ha desnaturalizado la concurrencia competitiva y se han alterado las condiciones de la convocatoria, impidiendo un reparto equitativo entre los municipios que superaron la puntuación mínima.

El Consistorio recuerda además que la tasa de cofinanciación del 85% fijada para las regiones menos desarrolladas constituye un máximo permitido, no una obligación de gasto. En consecuencia, el Ministerio podía haber reducido ese porcentaje para permitir la financiación de todos los proyectos que alcanzaron la puntuación mínima, conforme al espíritu de las bases. El Ayuntamiento también subraya que la convocatoria «no figura en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Hacienda», lo que, según advierte, podría implicar su nulidad de pleno derecho de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En ese caso, el Consistorio solicita que se anule la convocatoria y se repita el procedimiento con las debidas garantías.