Cae un grupo delictivo que empadronó a casi 300 inmigrantes ilegales en tres domicilios de Talavera en un año
Entre los ocho detenidos, están siendo investigados dos funcionarios municipales del Ayuntamiento, que continúan en su puesto de trabajo
Dos funcionarios y doce migrantes detenidos por falsificar documentos para obtener residencia en España y ayudas sociales
Llegaron a censar de manera masiva a casi 300 inmigrantes en tan solo tres domicilios de Talavera de la Reina (Toledo), 166 en una única vivienda, y la Policía Nacional ha detenido a los ocho presuntos responsables, entre ellos dos funcionarios del ayuntamiento. ... Todos están acusados de pertenecer a un grupo delictivo que empadronaba de forma multitudinaria y fraudulenta a extranjeros en situación irregular en la ciudad.
La Operación Aladín se inició a mediados del pasado año, cuando el Ayuntamiento alertó a la Policía Nacional. La Brigada de Extranjería y Fronteras de la comisaría talaverana comenzó con el análisis de la documentación, pero necesitaban más manos.
Debido a la complejidad, se incorporaron investigadores de la Brigada de Policía Judicial y, desde Madrid, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), según ha informado la Policía Nacional este jueves.
Con tantas manos trabajando en la operación, las pesquisas arrojaron datos sorprendentes. En el último año, la red había logrado registrar 289 personas, de las que 166 lo estaba en una sola una vivienda y 15 en otra. El resto, 108, en un local comercial de la ciudad conocida mundialmente por su maravillosa cerámica.
Los trámites se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación, con la supuesta colaboración desde dentro del consistorio.
Los agentes llegaron al principal responsable de esta trama, que fue detenido el 3 de enero, mientras que los demás integrantes del grupo, formado marroquíes y españoles, fueron cayendo como un castillo de naipes. Hasta un total de ocho arrestados, dos de ellos empleados en el «Padrón municipal» que actuaban «bien por acción o bien por omisión», según la Policía Nacional.
Sin embargo, la concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, aclaró a ABC que son funcionarios que no trabajan en ese departamento, si bien declinó precisar su cometido. En cualquier caso, explicó que los dos presuntos implicados en la trama, que están en libertad, continúan en su puestos laboral. «Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el caso se encuentra en una fase de instrucción y están en calidad de investigados. Por eso los dos siguen en sus trabajos. Ya será una sentencia la que determine su implicación o no en los hechos», razonó la edil.
Viejos conocidos de las fuerzas y cuerpo de seguridad en algunos casos, varios de los detenidos viven en los alrededores del paseo de la Estación. «Cuando no los pillan robando, los pillan con tráfico de drogas a pequeña escala», cuentan fuentes policiales, sorprendidas por la presunta implicación de trabajadores del consistorio.
Además del favorecimiento de la inmigración ilegal, los ocho fueron detenidos por falsedad documental y delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.
Cobraban entre 50 y 50.000 euros por las gestiones
Con la Operación Aladín, la Policía Nacional ha conseguido desenredar un ovillo que estaba bien enmarañado. Por ejemplo, otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social. De esa manera, realizaban contratos de trabajo ficticios para solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.
Paralelamente, otros miembros de la red captaban a los inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites; e incluso algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.
Los detenidos cobraban entre 50 y 5.000 euros por sus gestiones. En el registro de uno de los domicilios y una oficina, los agentes encontraron también una gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.
Cuatro de los arrestados, con edades comprendidas entre los 37 y los 54 años, tienen antecedentes delictivos, uno de ellos por falsedad documental, según fuentes policiales consultadas por ABC. Mientras, otras fuentes cifran en dos o tres años el tiempo que esta trama llevaría funcionando.
La concejal de Seguridad Ciudadana relató que, con la entrada del nuevo equipo de Gobierno, «se detectaron de forma inmediata una serie de irregularidades en el padrón» y se pusieron en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, al que ha felicitado por su «excelente» trabajo. Y matizó: los datos ofrecidos en la legislatura pasada sobre el crecimiento anual en más de 1.000 habitantes en el padrón «no se ajustan a la realidad poblacional de Talavera».
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