Talavera ha pagado este viernes a las 1.200 familias afectadas por los planes de empleo

«Cumplimos lo que prometemos, pagando una sentencia por la que este Ayuntamiento fue condenado», ha dicho la alcaldesa y se ha procedido a ejecutarlo siguiendo los acuerdos transaccionales alcanzados con los representantes de los trabajadores y que cuentan con el visto bueno del Juzgado.

García Élez ha mostrado su satisfacción porque «hoy hemos cumplido con las más de 1.200 familias afectadas por la sentencia, personas que hicieron un trabajo y que era de justicia que percibieran lo que les correspondía; no tenían por qué pagar los errores de quien se encontraba al frente de la gestión durante la legislatura anterior».

La alcaldesa ha recordado que fue en mayo de 2019 cuando se puso un recurso al Supremo, que no hizo otra cosa que dilatar el pago y la solución a este conflicto. Sin embargo, el equipo de Gobierno de García Élez se propuso solucionarlo, «y hoy es motivo de alegría colectiva». Ha remarcado tambiñen la apuesta del Ejecutivo local por las políticas activas de empleo, pero «siempre con seguridad jurídica, acuerdos con sindicatos y la garantía de que vienen a ayudar a quien más lo necesita».

Acompañada por los concejales de Régimen Interior, Flora Bellón, y de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, ha agradecido el trabajo a los que han participado en este proceso, como todos los servicios jurídicos, trabajadores de Personal e Ipeta, y ha destacado el volumen de trabajo que ha supuesto desde la consecución del préstamo del Ministerio hasta la elaboración de más de 8.000 nóminas.

También ha avanzado que el próximo mes de junio se abonará la Seguridad Social, que también está obligado a pagar el Ayuntamiento, aunque ha destacado el trabajo del Gobierno municipal y la sensibilidad del Ministerio y la Seguridad Social, ya que las gestiones han sido fructíferas y no se va a tener que abonar un 20% de recargo por este concepto.

Por su parte, la también portavoz municipal, Flora Bellón, ha lanzado un mensaje al PP para que pidan perdón a las 1.200 familias afectadas por su gestión de los planes de empleo, «y que asuman su responsabilidad, que es grave y que es política».