Los sindicatos contra la ley de simplificación: «La administración se va a convertir en una macro gestoría donde todos van a querer pillar cacho»

El presidente de la Junta de Personal funcionario de Toledo, Gustavo Fabra, explicó a los medios de comunicación que se trata de una ley «de derechas» que no ha sido aprobada con «consenso social» sino con «consenso empresarial» ya que «solo beneficia a intereses particulares».

Noticia Relacionada

Castilla-La Mancha aprueba la ley de Simplificación para hacer la administración «más accesible»

Elisabeth Bustos

La norma, rechazada por Vox, incluye el nuevo 'Espacio Ciudadano' una plataforma desde la que la ciudadanía podrá acceder a expedientes o trámites y desde donde se podrán recibir notificaciones. También se agilizan los procedimientos urbanísticos. El PP asegura que su apoyo «no es un cheque en blanco»

Indicó que van a estar «muy atentos» para ver como se desarrolla esta norma que «atenta contra los servicios públicos y fomenta las privatizaciones». «Queremos ver cómo funcionan las entidades colaboradores y si esto se convierte en una red clientelar», vaticinó.

Además, quiso agradecer al Consejo Consultivo su «valentía» por su dictamen inicial donde declaraba que esta norma «tenía partes estructurales ilegales» y «supo poner cada cosa en sus sitio».

En esta línea, la delegada de la Junta de Personal, Victoria Ortiz, denunció que una de las peores consecuencias que traerá consigo esta ley será que «los datos de los ciudadanos estarán en manos de empresas privadas« que «recabará, preparará y hará los informes preceptivos para que solo la administración tenga que dar informe favorable o desfavorable», explicó. Por ello, lamentó que la solución a la agilización administrativa no es externalizar sino contratar a más empleados públicos.

Para el delegado del sindicato USO, Roberto Rincón, también presente en la concentración, con esta nueva ley se «ha consumado un atentado» más contra el funcionariado en Castilla-La Mancha. «Se fomentarán los chiringuitos paralelos a la Administración Pública donde se colocarán a los amigos. Será un servicio público a medida de los políticos», sentenció.

En esta línea se expresó Juan Bautista González, coordinador regional de CCOO, para quien esta norma supone una «privatización sistemática de todos los servicios públicos». «Es una versión refinada de lo que pensaba hacer Cospedal pero con estudios», criticó. Y, añadió que la Administración Pública se va a convertir en una «macro gestoría en la que todos se van a pelear por tener su negocio».

Por último, Estrella Fernández, del sindicato UGT, contrapuso la «seguridad» que te puede dar que un trámite lo realice un empleado público frente a un trabajador de una «empresa privada no entidades colaboradoras», puntualizó. También criticó que con esta norma habrá ciudadanos «de primera y de segunda» porque «si puedes pagar 50 euros a la empresa te agilizan los trámites y sino, te aguantas y a esperar», sentenció.